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  • El abogado de Fujimori, William Castillo, dijo que hay resoluciones que autorizan el pago de gastos secretos y reservados. (Foto: Archivo)

    El abogado de Fujimori, William Castillo, dijo que hay resoluciones que autorizan el pago de gastos secretos y reservados. (Foto: Archivo)

Publicado 25 febrero 2014

El procurador anticorrupción de Perú, Cristian Salas, informó este martes que el dictador Alberto Fujimori (1990-2000), ordenó desviar unos 150 millones de dólares de fondos estatales para financiar su campaña de reelección en el 2000, con la compra de líneas editoriales de canales de televisión y medios de prensa.

"Estamos hablando de un aproximado no menor de un millón de dólares mensuales, que, sumando, tenemos que aproximadamente del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) se dispusieron 150 millones de dólares en esta campaña de reelección, destinados a la compra de canales, titulares, polos y demás implementos, utilizando dinero del Estado como si fuera su chacra", manifestó.

Las declaraciones fueron ofrecidas a la salida de una audiencia que se sigue a Fujimori por el caso de los denominados diarios Chicha, y señaló que este hecho, relatado por el exjefe del SIN, Humberto Rozas, evidencia que durante la gestión del exmandatario se usó el dinero de fondos provenientes de los ministerios del Interior y de Defensa y de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Guerra.

La Corte Superior de Justicia de Lima (capital) informó este martes que el testigo Rozas afirmó que "los gastos se justificaban con resoluciones supremas que tenían el visto bueno del presidente" Fujimori.

Por su parte, el abogado de Fujimori, William Castillo, minimizó el testimonio de Rozas y dijo que se basa en suposiciones. "Hay resoluciones que autorizan el pago de gastos secretos y reservados. En ningún momento dice que se utilizara para tal o cual rubro. Es una operación regular", aseguró.

La Cuarta Sala Penal Liquidadora, a cargo del caso, anunció que continuará con el juicio a Fujimori el 6 de marzo.

Fujimori cumple 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno, además de tener otras sentencias por delitos de corrupción.


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