Fiscal general de Guatemala impugna decisión de cesar su cargo en mayo

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, rechazó este lunes la decisión de que concluya su período en el cargo en mayo ordenada por la Corte de Constitucionalidad de su país, debido a que “no existe argumento legal”.

En declaraciones a la prensa internacional, Paz y Paz destacó que no es posible acortar el tiempo de ejercicio en el cargo ya que en la Constitución de Guatemala está estipulado que el período es de cuatro años.

Al respecto, manifestó que no quiere entrar en detalle si la decisión de la Corte va más allá de lo jurídico o si es una decisión política.

De esta manera, la fiscal respondió a interrogantes sobre la posibilidad de que la decisión de la Corte tenga que ver con el enjuiciamiento del dictador José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.

"Confío en que no sea así porque los magistrados tienen que interpretar las normas de acuerdo a sus principios y sus criterios y al texto constitucional y no pueden actuar por cualquier otro tipo de influencias”, dijo la funcionaria.

Al mismo tiempo, argumentó que lo que debe guiar la interpretación de la ley es el texto Constitucional. Es por ello, que planteó un recurso de revocatoria por considerar que su periodo debe finalizar en diciembre, fecha en la cual que se cumplen los cuatro años para los cual fue designada.

Ante este conflicto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, adscrita a las Naciones Unidas, expresó en un comunicado que la situación puede generar "dificultades para el cabal cumplimiento del proyecto integral de investigaciones que se ha diseñado con la señora Fiscal General de la República en el compromiso de profundizar la lucha mancomunada contra la impunidad en el país".

Organizaciones aseguran que la fiscal goza de buena reputación a nivel internacional y ha sido galardonada en varias ocasiones. En este contexto, la funcionaria ha anunciado entre sus logros de gestión, la reducción de impunidad en el país, de 95 a 70 por ciento.

Efraín Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, el general José Rodríguez, son acusados por la matanza de mil 771 miembros de la etnia maya-ixil, en la zona norte de país en medio de un conflicto bélico de 36 años que vivió el país (1960-1996).

El gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más devastadores de la guerra civil en Guatemala que dejó un saldo entre 200 mil muertos y desaparecidos, de acuerdo al informe de la ONU.