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Los migrantes eran de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador.

Los migrantes eran de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. | Foto: EFE

Publicado 24 agosto 2017

La Procuraduría General la República informó que al menos 50 de las 72 víctimas habían sido identificadas con base en exámenes de ADN.

Los familiares y organizaciones sociales de los 72 migrantes masacrados hace siete años en Tamaulipas (noreste) exigieron justicia este jueves ante la Procuraduría General la República (PGR) en México ante el retardo en el proceso.

Tras cumplirse siete años de la masacre ocurrida contra varios migrantes asesinados en Tamaulipas, los cuerpos de todos aún no son identificados, el caso sigue abierto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó calidad de víctimas a los familiares de los ejecutados.

El hecho ocurrió cuando integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes que se negaron a participar en el tráfico de drogas. Hasta la fecha, aún no se han identificado los restos de varias víctimas.

El caso sigue abierto en dos instancias de la PGR: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Además, existen ocho personas detenidas por los acontecimientos, pero ninguna ha sido sentenciada, y los familiares de las víctimas no han recibido reparación por el daño.

Durante las investigaciones se estableció que los migrantes se trasladaban desde Veracruz (este) en dos autobuses y provenían de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador.

Los migrantes fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los trasladó hasta un rancho, donde los interrogaron y golpearon. Ante la propuesta de trabajar para la organización criminal, ellos se negaron y fueron atados antes de ejecutarlos. 

>> UE denuncia "alarmante reincidencia de asesinatos de periodistas" en México

Al cumplirse un mes del suceso, la PGR informó que al menos 50 de las 72 víctimas habían sido identificadas con base en exámenes de ADN. Sin embargo, algunos familiares manifestaron que los restos entregados no correspondían con sus consanguíneos.

En enero de este año, la SCJN determinó que se trató de un caso de violaciones graves de derechos humanos y otorgó calidad de víctimas directas a los familiares de los migrantes asesinados.

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