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Publicado 9 octubre 2014
teleSUR
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El canciller venezolano, Rafael Ramírez, informó que las pretensiones exageradas de la transnacional Exxon Mobil, que asediaba al Gobierno venezolano, fueron frustradas tras el fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI).

El tribunal arbitral del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), emitió este jueves un fallo definitivo favorable para Venezuela en el caso con la transnacional petrolera Exxon Mobil, que estaba en litigio desde 2007.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, calificó el fallo de exitoso, en nombre del Estado. Aseguró que las pretensiones de Exxon Mobil eran exageradas, al solicitar una idemnización de 12 mil millones de dólares por la nacionalización del Proyecto Cerro Negro.

A partir de ese fallo, el Gobierno del país sólo pagará mil 500 millones de dólares a la transnacional petrolera, señaló el canciller Ramírez.

Lea el comunicado íntegro aquí

En contexto

Hace siete años el presidente Hugo Chávez, decretó Plena Soberanía Petrolera y la nacionalización del petróleo para dar a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la mayoría accionaria y posibilitar la redistribución social de la renta en beneficio del pueblo.

La medida frenaba las intenciones de los gobiernos neoliberales de privatizar este estratégico recurso de los venezolanos iniciado con la llamada “Apertura petrolera”. Una de las prácticas más comunes era la firma de “Convenios Operativos” con las empresas transnacionales.

Los “Convenios Operativos” suponían:

- Entrega de campos petroleros considerados marginales (de “dificil explotación” y “poco rentables para PDVSA”) para su “reactivación” por las transnacionales

- Contratos de exploración y explotación por 20 años.

- Las transnacionales pagarían el 34 por ciento de Impuesto sobre la Renta, sin regalías, las cuales eran asumidas por PDVSA.

- La solución de los conflictos se dirimirían mediante un arbitraje internacional, supranacional, en franca violación de la soberanía nacional.

- Las empresas exigían cuatro obligaciones económicas que debía asumir PDVSA: Los costos de operación, los costos de capital, los incentivos para una mayor producción y las deudas adquiridas por las empresas para poder realizar inversiones)

- Como resultado Venezuela acababa pagando entre el 110 y el 135 por ciento por cada barril de petróleo venezolano producido.

32 de estos convenios fueron firmados con 22 empresas. Con los convenios operativos se violaba la Carta Magna que reserva la exploración y explotación petrolera exclusivamente al Estado venezolano.

La Plena Soberanía Petrolera ponía fin a estos convenios, permitiendo la participación de capital privado en la industria, regulado por el Estado. Casi todas las petroleras que tenían e convenios operativos aceptaron que les redujeran su participación, excepto Exxon y Conoco Phillips, que llevaron sus demandas al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) adscrita al Banco Mundial.

En 2012 un jurado de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA el pago de USD 908 millones, de los siete mil millones que exigía Exxon, como compensación por los activos que perdió tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Como afirmara el Comandante, “comienza a consolidarse una nueva geopolítica petrolera al servicio de los pueblos y no de los intereses del imperialismo y del gran capital”.


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