Denuncias del pueblo provocaron detención de alcaldes venezolanos

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aclaró que las detenciones de dos alcaldes de extrema derecha provienen de los recursos de amparo introducidos por organizaciones privadas y públicas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estas decisiones son del órgano de justicia, no es el Gobierno que ordena detener, sino que se cumplen todos los pasos legales hacia la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el debido proceso”, explicó.

Asimismo, indicó que un grupo de 14 organizaciones interpusieron ante la Sala Constitucional un amparo para la defensa de los derechos de la población venezolana contra el alcalde del municipio San Diego (Carabobo-centro norte), Enzo Scarano y el director de la policía de ese municipio, Salvatore Luchesse.

Las organizaciones alegaron que los funcionarios omitieron las acciones tendentes a prevenir desordenes públicos, lo que generó la patente para que personas violentas realizaran trancas y siguieran atentando contra el derecho de libre tránsito.

En el caso del alcalde de San Cristóbal (Táchira, occidente), Daniel Ceballos, el Tribunal 3° recibió más de siete denuncias de ciudadanos tachirenses contra el apoyo del burgomaestre a las llamadas “guarimbas”, además de la inacción de la policía municipal.

El alcalde destituido de San Diego, condenado a 10 meses y 15 días de prisión, y el de San Cristóbal fueron trasladados al penal militar de Ramo Verde.

“El Gobierno actúa para proteger los derechos de las mayorías, no de un pequeño grupo que busca golpear la gobernabilidad del país. Los órganos de la mayoría actúan para que las mayorías puedan ejercer sus derechos”, aclaró.

Aseguró que el Gobierno venezolano respeta el derecho a protestar pacíficamente, pero no pueden apoyar la violación a los derechos de los demás ciudadanos. En ese sentido, destacó el apoyo que brindaron al municipio Chacao (este de Caracas) en materia de limpieza y seguridad.

31 víctimas fatales de las protestas golpistas.

El titular del MIJP, indicó que son 31 los fallecidos por la protesta insurreccional de la extrema derecha desde el pasado 12 de febrero, de los cuales seis son funcionarios públicos: cinco de la Guardia Nacional Bolivariana y un fiscal del Ministerio Público.

Hasta la noche de este miércoles se registraron 461 heridos, de los cuales 143 son funcionarios públicos. Mil 854 personas han sido aprehendidas por protestar de manera violenta y 121 fueron privadas de libertad, lo que representa el 7 por ciento de los detenidos.