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Publicado 12 marzo 2014

La titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, introdujo ante la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) un informe en el que detalla los ataques perpetrados por los medios de comunicación de derecha hacia las instituciones públicas de esa nación.

El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades una campaña mediática internacional para difamar a las instituciones públicas venezolanas, y así reflejar que se violan los derechos humanos de quienes protestan violentamente y propiciar la intervención extranjera en ese país.

En ese sentido, la defensora expuso principalmente el caso del diario El Nacional, que cortó un fragmento de sus declaraciones para hacer ver que ella apoya la tortura generalizada hacia los ciudadanos que protestan.

“En una rueda de prensa dije un fragmento del concepto de tortura que está en nuestra legislación, que se apega a estándares internacionales. Al parafrasear lo que dice la ley, El Nacional cortó un fragmento de mi declaración y tituló: Defensora del Pueblo justifica tortura a estudiantes”, expresó.

A partir de ese titular, que el diario minutos después borró de su página, se desató una campaña en la red social Twitter en contra de la Defensora. Partiendo de esa premisa, Ramírez podría emprender una lucha legal contra el medio de comunicación que la hizo víctima de calumnias, sin embargo, aseguró que no lo hará.

“Lo único que espero es que el nombre del dueño de El Nacional (Miguel Henrique Otero) sea asociado a la destrucción del patrimonio intelectual y periodístico del que fue su padre (Miguel Otero Silva). El diario El Nacional quedó para aplicar la teoria goebbeliana (Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolf Hitler): una mentira dicha muchas veces, se convierte en verdad”, dijo.

Asimismo, detalló que introdujo ante la ONU algunos casos de violaciones de derechos humanos que han sido denunciados ante la Defensoría y aseguró que de comprobarse que algún funcionario público actuó en contra de la ley, deberá asumir su responsabilidad.

La Defensora concluyó sus declaraciones a teleSUR con un llamado a la paz en Venezuela y a la protesta pacífica, como lo establece en la Constitución de esa nación.


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