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Cardozo sabe que algunos en el Tribunal Supremo solo aceptarán apelaciones de forma, pero no descansará hasta anular la votación del Senado.

Cardozo sabe que algunos en el Tribunal Supremo solo aceptarán apelaciones de forma, pero no descansará hasta anular la votación del Senado. | Foto: EFE

Publicado 1 septiembre 2016

El abogado defensor de Rousseff sostiene para esta apelación preliminar de su destitución que exiten incongruencias entre los artículos que se usan para acusarla y la Constitución vigente.

José Eduardo Cardozo, el abogado de la actual expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, presentó este jueves una apelación ante el Tribunal Supremo en la que demanda la anulación de la votación del Senado que la despojó de su mandato.

Previo a la entrega se anunció la presentación de dos recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en contra la decisión del Senado Federal de destituir a la presidenta electa constitucionalmente y de sustituirla por el vicepresidente Michel Temer, quien venía ocupando la presidencia interina desde el 12 mayo.

"Presentaremos en principio al menos dos recursos. Uno este mismo miércoles y otro en algunos días", anunció Cardozo.

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La primera apelación anunciada por Cardozo ya fue presentada este jueves ante el STF. En ella se demanda la anulación de la votación del Senado por incongruencias en la ley. 

La defensa sostiene que las acusaciones contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley que están en vigor desde 1950, en los que se detallan los “delitos de responsabilidad” y la cual efectivamente conlleva a la destitución de un mandatario. No obstante, tales artículos “no son compatibles” con la actual Constitución de 1988 porque no se incorporó plenamente el texto legal que los contiene, conocido como “Ley de Impeachment”, opina.

Por sorteo, la demanda ha caído en manos del magistrado Teori Zavascki, uno de los 11 magistrados que compone al STF. Este no tiene un plazo legal para pronunciarse sobre la “incompetencia” e “ilegalidad” de los artículos de la ley de 1950 sobre los que se fundamenta la acusación a Rousseff.

Pero tarde o temprano deberá decidir si esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra la mandataria constitucional. Esta apelación es una medida provisional y se espera que en lo sucesivo se introduzcan nuevas formas de apelación.

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Poco después de que el Senado, por 61 votos a favor y 20 en contra, destituyera a la presidenta; el abogado defensor y también exministro de Justicia informó que entre otras razones para apelar ante el STF es que Rousseff fue destituida sin justa causa y que el derecho de defensa de la mandataria fue cercenado en diversas etapas del proceso que comenzó en diciembre de 2015, cuando la Cámara de Diputados aceptó los trámites para iniciar el juicio.

"Vamos a protestar contra las irregularidades formales del proceso y contra el cercenamiento de su derecho a la defensa por la decisión de los senadores de juzgarla antes de que la defensa se expresase", afirmó Cardozo.

El exministro también denunció la actitud de varios senadores que afirmaron que no importaba lo que la defensa hiciera en favor de evitar la destitución porque nada cambiaría la decisión. "Eso es una ofensa sustantiva al debido proceso legal", afirmó al respecto.

La mandataria, por su parte, en un acto público desde la ciudad capital de Brasilia, les dijo a sus seguidores: "En este momento no voy a decirles adiós. Estoy segura de que puedo decir 'hasta pronto'", expresó en una demostración más de su confianza hacia la justicia y la democracia.  Así mismo anunció que ejercerá la más dura y enérgica oposición que "un golpista puede sufrir".

La exmandataria instó a sus golpistas a que se preparen para encontrar la oposición más férrea que tendría un golpista. Reuters

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Una práctica habitual de todos los Gobiernos de Brasil

Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que supuestamente alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso, y por ello se le acusa de manipular las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015. También fue condenada por atrasos en depósitos que el Estado deberían hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, lo que la derecha sostiene se convirtió en un crédito que generó costosos intereses. 

Basados en la ley de Responsabilidad Fiscal de 1950, el primero artículo usado para la casación del mandato de Rousseff castiga toda violación “de la ley de presupuesto” y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas o que están bajo su propio control.

Pero a lo largo del proceso, múltiples testigos sostuvieron lo común de estos decretos emitidos por Rousseff. Luiz Cláudio Costa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Educación, recordó que la emisión de decretos suplemantarios para su cartera, por ejemplo, es una práctica adoptada desde 2008 por decisión del propio Tribunal de Cuentas de la Unión. 

Cardozo se ha hecho eco de estas declaraciones y reiteró que Rousseff no cometió ningún crimen que justifique su destitución porque las razones para su destitución son una práctica habitual en todos los gobiernos de Brasil. "Vamos a cuestionar la falta de justa causa para el proceso. No hay motivo", afirmó.

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Insistirá hasta que la decisión del Senado sea anulada

El defensor de Dilma Rousseff reconoció que algunos miembros del STF se negarán a aceptar los recursos que él introduzca contra una decisión del Senado Federal y solo aceptarán apelaciones contra la forma en que se desarrolló el impeachment. Pero aún así, Cardozo señaló que dejará de insistir en que la votación sea anulada.

"Sé que hay algunos jueces que parten de una visión más tradicional de que no se puede revisar un juicio político destituyente, una visión, desde mi punto de vista, más antigua. Pero nosotros tenemos una visión más moderna", afirmó.

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Ningún poder aisladamente puede intervenir en otro sin romper con el Estado de Derecho e inaugurar un régimen de excepción.

El Partido Comunista Marxista-Leninista de Brasil (PCML-Br) comulga con esta idea. En su editorial de este miércoles explicó que el impeachment es un proceso que se constituye en contenido y forma, no de manera separada, por lo que ningún poder aisladamente podría intervenir en otro sin romper con el Estado de Derecho e inaugurar un régimen de excepción.

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Al Poder Judicial le corresponde interpretar la ley y la conducta infractora tipificada; Al Senado Federal, como parte del Poder Legislativo, le correspondía el juicio político obediente al espíritu de la ley. Esto quiere decir que es necesario que los dos poderes (el Judicial y Legislativo) en juicios independientes emitan sentencias armónicas para finalmente poder intervenir en el tercer poder (en este caso el Ejecutivo) que se presume en desarmonía constitucional.

De allí que el PCML-Br calificara de "deplorable" la actuación del STF, representante del Poder Judicial, porque al parecer considera que el impeachment es solo un acto interna corporis (una regulación intrínseca del Parlamento, es decir del Poder Legislativo) y con ello legitimar la usurpación de los poderes que solo le corresponde a él, así como la violación de los principios constitucionales.

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En contexto
El Senado de Brasil decidió no inhabilitar a Dilma Rousseff para el ejercicio de cargos públicos durante ocho años, como se tenía previsto si hacía efectiva su destitución como presidenta. En una votación separada, 42 senadores votaron a favor de permitir que Rousseff mantenga sus derechos políticos, 36 se manifestaron en contra y hubo tres que se abstuvieron. 
Según la Constitución, un presidente destituido puede perder sus derechos políticos por ocho años. Esto le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar dentro de las universidades.

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