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La cúpula militar, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía de Colombia asistirán este martes a una audiencia pública en el Congreso, para rendir cuentas sobre las presuntas operaciones de espionaje del Ejército en los Diálogos de Paz que se realizan en La Habana, Cuba.
La convocatoria a esta audiencia la hizo la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado colombiano, tras las revelaciones de la revista Semana, el pasado 3 de febrero, sobre las intercepciones ilícitas a miembros de la delegación gubernamental en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a casi medio siglo de conflicto armado.
Los parlamentarios que integran esta célula legislativa han elaborado un cuestionario de 62 preguntas entre las que se destacan en su mayoría inquietudes sobre el paradero de equipos y funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y si los diálogos de La Habana son un objetivo de la inteligencia militar.
Preguntarán, por ejemplo, si es cierto que los negociadores de las FARC fueron chuzados (interceptación de teléfonos o escuchas) y si esa información está en manos del Gobierno.
Además, indagarán sobre el criterio utilizado para escoger la gente que participa de las fachadas de inteligencia y bajo qué tipo de vinculación laboral estaban los hackers reclutados por el Ejército.
La Comisión exigirá, también, claridad sobre qué otras actividades se estaban desarrollando en la sala de supuesto espionaje cibernético a la que servía de fachada un restaurante en el barrio Galerías, en un céntrico sector de Bogotá (capital), donde presuntos miembros de la inteligencia militar realizaban el espionaje ilícito, según Semana.
A partir de las respuestas a las interrogantes formuladas, los parlamentarios evaluarán desde el Congreso si es necesario iniciar otra reforma a la inteligencia o corregir las leyes que existen actualmente.
El senador colombiano Juan Lozano señaló en días recientes que, en su momento, advirtieron al Gobierno de Juan Manuel Santos sobre las consecuencias de la desordenada disolución en 2011 del DAS, involucrado en acciones de espionaje y hostigamiento por infiltración de las bandas paramilitares, y los riesgos que esto representaba.
El caso de las escuchas ilegales no es nuevo en Colombia. La administración de Álvaro Uribe fue sacudida por el escándalo del seguimiento a periodistas, políticos, magistrados de las cortes y personalidades públicas que se oponían a su gestión, conocido como las "chuzadas" del DAS, el ahora desaparecido servicio de inteligencia de la presidencia.
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