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El mandatario ecuatoriano informó que en el 2016 dará a conocer si será candidato presidencial (Foto: EFE)

El mandatario ecuatoriano informó que en el 2016 dará a conocer si será candidato presidencial (Foto: EFE)

Publicado 8 noviembre 2014



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El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que las enmiendas a la Carta Magna de su país no cambiarán la estructura del Estado ni limitarán derechos ciudadanos. Aseveró que con la reelección indefinida los ecuatorianos decidirán libremente sobre la alternancia en el poder.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este sábado que las enmiendas a la Constitución, propuestas por el gobernante movimiento Alianza País (AP), no limitarán los derechos de los ecuatorianos ni alterarán la estructura del Estado, como afirman los opositores a su gobierno.

Entre las enmiendas se encuentra una que permitiría la reelección indefinida para cargos de elección popular, otorgándole a los ecuatorianos el derecho a decidir libremente sobre la alternancia en el poder. Enfatizó que las personas que no quieren reelección indefinida pueden votar en contra.

Correa calificó de “show” político los argumentos de la oposición de que la decisión de la Corte Constitucional de aprobar la discusión de las enmiendas en la Asamblea Nacional no permitiría una consulta popular sobre el tema.

“Es mentira que la Corte Constitucional niega la posibilidad de una consulta”, recalcó Correa, quien retó a los partidos opositores a reunir el ocho por ciento de las firmas necesarias para convocar a un referendo.

Correa indicó que será en octubre o noviembre de 2016 cuando de a conocer si será de nuevo candidato a la presidencia del país. 

Las enmiendas a la Constitución ecuatoriana también incluyen disminuir la edad requerida para ser candidato a presidente o vicepresidente, definir la comunicación como un servicio público, y pasar al Estado la responsabilidad de pagar las pensiones de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En contexto

El pasado 31 de octubre, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la legalidad de un conjunto de enmiendas a la Carta Magna, propuestas por el partido Alianza País para ser tratado por la Asamblea Nacional (Parlamento), sin necesidad de convocar a una consulta popular.


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