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La cámara baja del Congreso de Diputados de España debatirá este martes la solicitud que elevó la Generalitat catalana para que se la autorice a convocar un referendo independentista el próximo 9 de noviembre.
Hace cuatro meses el Parlamento catalán, con el apoyo de los partidos soberanistas (que suman 87 de los 135 diputados) aprobó pedir la transferencia al Congreso de los Diputados de Madrid, de la competencia a Cataluña para convocar referendos.
La prensa internacional reseñó que se espera que casi 90 por ciento de los diputados se agrupe para rechazar el plan independentista, pero, como en un guión escrito hace tiempo, sólo conseguirá que el conflicto avance hacia un clímax de resolución incierta.
"Dirán no a una ley, pero no podrán parar la voluntad del pueblo catalán", advirtió el lunes el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
La negativa de la mayoría parlamentaria española figura en su hoja de ruta original: Cumplida la formalidad prevista en la Constituseción, el bloque independentista catalán se volcará a organizar el referendo bajo una legislación regional creada ad hoc.
Mas, líder de la coalición liberal nacionalista Convergència i Unió (CiU), se negó incluso a poner el cuerpo a ese debate. "Yo esa victoria no se la voy a regalar", dijo el fin de semana.
El único presidente regional que intentó algo parecido fue el vasco Juan José Ibarretxe: La estrepitosa derrota que sufrió en el Congreso en 2005 significó el fin de su plan separatista y de su carrera política.
Quien viajará desde Barcelona para defender la consulta será Francesc Homs, vocero del gobierno catalán.
En nombre del Partido Popular (PP), irá personalmente el presidente Mariano Rajoy a argumentar por qué España no autorizará nunca el plebiscito de autodeterminación. "La soberanía española reside en todos los españoles. No puedo autorizar algo que la Constitución no contempla", insistió en la previa de la sesión más esperada del año.
El líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, también rechazará la consulta, pero presionará para que se abra un proceso constitucional que permita encontrar un nuevo encaje político de Cataluña en España.
Hasta ahora, Rajoy descarta discutir sobre una reforma constitucional que otorgue más autonomía a la región más próspera de España, pese al exponencial crecimiento del sentimiento nacionalista.
La consulta
El gobierno de Mas, con el apoyo de sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), plantea un referendo con dos preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?", y en caso afirmativo: "¿Quiere que sea un Estado independiente?".
El Parlamento regional pidió al Congreso de los Diputados que le cediera la competencia para convocar la consulta (una opción prevista por la Constitución española). Eso es lo que se votará en Madrid.
Pero Mas ya adelantó que, ante la oposición del PP y el PSOE, Cataluña votará una ley local de consultas que será el instrumento para convocar las elecciones del 9 de noviembre. Esa norma quedará sujeta a una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional de España.
Los sondeos publicados a la fecha difieren en cuanto al apoyo real de la opción independentista entre la población catalana. En cualquier caso, el respaldo no baja del 30 por ciento y, en algunos estudios de opinión incluso supera el 50 por ciento.
La Unión Europea ya ha advertido a Cataluña que, de llegar a separarse de España, quedaría automáticamente excluída del bloque comunitario.
El gran misterio es si Mas se atreverá a continuar con su guión separatista aun en contra de la decisión del Congreso y de los máximos tribunales españoles.
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