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"La visita busca avanzar en trámite de solicitud de medida cautelar para Milagro Sala", detalló la Comisión.

"La visita busca avanzar en trámite de solicitud de medida cautelar para Milagro Sala", detalló la Comisión. | Foto: @CIDH

Publicado 16 junio 2017



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"Milagro Sala está bastante agobiada, bastante abatida por lo que significa su reclusión que ella considera injusta", expresó el relator de la Comisión, Francisco José Eguiguren.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se entrevistó este viernes con la dirigente indígena Milagro Sala, quien permanece detenida desde enero de 2016 en el penal jujeño de Alto Comedero (Argentina). 
 
"Llegamos al penal donde está @SalaMilagro privada de su libertad a observar situación de derechos humanos, con medida cautelar en trámite", expresó la CIDH a través de su cuenta de Twitter.


 
Los miembros del organismo  llegaron a Jujuy la mañana de este viernes y el grupo está integrado por el presidente de la Comisión y relator para Argentina, Francisco José Eguiguren, y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.


 
"La visita busca avanzar en trámite de solicitud de medida cautelar para @SalaMilagro", detalló la Comisión.

En una entrevista para teleSUR, Milagro Sala denunció el pasado martes el trato que recibe en la prisión donde está recluida: "Nos viven hostigando, nos viven persiguiendo, no nos dejan caminar tranquilas, desde que me levanto tengo a una persona que me sigue a todos los lugares, si me estoy bañando están tocando la puerta, si me voy a la esquina me sigue también una guardia". 

El motivo del proceso se remonta al año 2009, cuando supuestamente la dirigente social organizó una manifestación contra el entonces senador Gerardo Morales.

Tras este incidente, Morales actual gobernador de la provincia de Jujuy, presentó una denuncia en la Justicia que derivó en el procesamiento de la activista.

El desarrollo de la causa se alargó y en mayo de 2016 el tribunal de Jujuy desestimó los cargos, pero una instancia superior anuló la decisión y decretó el inicio del juicio contra Sala y otros dos activistas por supuesta administración fraudulenta y asociación ilícita.


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