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Tras varias jornadas de represión y agresión contra los manifestantes, el Gobierno y la Cumbre Agraria, el Ejecutivo se compromete a respetar los derechos de los campesinos, indígenas y los afrodescendientes, así como su derecho a la protesta.
La Cumbre Agraria, la Minga Campesina y el Gobierno de Colombia alcanzaron un acuerdo este viernes sobre las garantías del paro agrario, que se desarrolla en ese país desde el pasado 30 de mayo.
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Seguimos en #MingaNacional. En la mesa de negociación le decimos al gobierno: sembramos esperanza para cosechar país pic.twitter.com/klU6x0oK72
— Cumbre Agraria (@CumbreAgrariaOf) 11 de junio de 2016
Se trata del primer acuerdo entre las partes, el cual fue firmado por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) e integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quienes encargarán del monitoreo y cumplimientos de los acuerdos pactados.
En principio, en el documento el Ejecutivo se compromete a no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y a respetar y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho: “El Gobierno dará instrucciones precisas a la Policía y al Ejército Nacional en el sentido de no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y permanecer en una distancia prudente y prevenir actos por fuera del marco legal”, señala el documento.
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Según el acuerdo, a fin de garantizar que esta política de respeto y garantía sea integral, el Gobierno propiciará la participación de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el proceso de elaboración de un protocolo para la protesta social, en el que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oacnudh ya están trabajando.
El Gobierno también promete emitir un comunicado en el que soliciten la no estigmatización y la vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos al margen de la ley. También establece que los casos de los detenidos y enjuiciados a nivel nacional en el marco de las movilizaciones del paro nacional agrario y las mingas de 2013, 2014 y 2016 serán abordados con urgencia en una reunión de alto nivel del Comité de Alternatividad Penal para evaluar la libertad de estos.
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Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos permanente
Asimismo, en ese acuerdo el Ejecutivo se ha comprometido con la Cumbre Agraria y la Minga Campesina a activar una subcomisión permanente para analizar las situaciones que en materia de derechos humanos puedan surgir en la movilización.
“La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos analizará y tramitará ante las instancias competentes los casos en los cuales se requieran medidas de protección urgente colectivos y/o individuales por hechos de riesgo generados con ocasión de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular y dará trámite y seguimiento hasta su decisión final”, suscribe el acta.
Para ello, esta subcomisión desarrollará en las regiones que se prioricen misiones de verificación de violaciones a los derechos humanos e irregularidades en los que las fuerzas de control público y los ciudadanos hayan incurrido durante la Minga: "Se acordará un mecanismo especial de impulso y seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias por las presuntas violaciones”, expresa el acuerdo.
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