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En la masacre de octubre de 2003 murieron alrededor de 60 personas por la represión de los cuerpos de seguridad. (Foto: Archivo)

En la masacre de octubre de 2003 murieron alrededor de 60 personas por la represión de los cuerpos de seguridad. (Foto: Archivo)

Publicado 10 julio 2014

El fiscal General de Bolivia, Ramiro Guerrero, encabezó este jueves una delegación gubernamental que solicitó por segunda vez ante el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros.

Bolivia pidió a EE.UU. que extradite al expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, (2002-2003) y sus exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe, refugiados en ese país y acusados de genocidio por la masacre de octubre de 2003.

Los supuestos delitos ocurrieron durante la represión en octubre de 2003 de las protestas contra la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a EE.UU. por un puerto chileno. En los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad murieron por lo menos 60 personas.

El Gobierno norteamericano ya rechazó en 2012 ese pedido pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General boliviana, explicó a EFE que ello ocurrió porque "no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición".

"A las 10H30 (hora local, 14H30 GMT) hemos presentado formalmente la solicitud de extradición contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ex ministros: Sánchez Berzaín y Berindoagüe, hemos cumplido con la formalidad de presentar esta nueva solicitud que abunda en bastante prueba documental, testimonios, videos, publicaciones de los hechos acaecidos el 2003 y de igual manera están compatibilizados los tipos penales", señaló Ramiro.

Siguiendo el debido proceso, el Departamento de Estado debe enviar el pedido de extradición al Departamento de Justicia, que evaluará las pruebas y las acusaciones antes de llegar a una decisión. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín encaran, además, una causa en Fort Lauderdale (Florida), donde el juez James Cohn aprobó en mayo el procesamiento de una causa civil iniciada por familiares de las víctimas de la violencia en 2003.


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