La Ley Antidiscriminación fue declarada como "ejecutable" para sancionar actos discriminatorios o ataques por motivo de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural.
En un comunicado, el Ministerio de Interior colombiano, deja claro su beneplácito por la sentencia, abogando que "la decisión de la Corte permitirá mayor articulación entre las entidades del Estado para adoptar medidas en la lucha contra la discriminación", al tiempo que se perfecciona la ruta de atención a casos de racismo.
La Ley, una iniciativa del senador Carlos Baena, del movimiento político Mira, fue aprobada en septiembre de 2011 por el Congreso tras una conciliación porque los textos aprobados inicialmente en Cámara y Senado eran diferentes.
La norma precisa que cualquier conducta racista o de segregación será castigada con penas entre uno y tres años de prisión, que en la legislación colombiana son excarcelables.