Organizaciones rechazan reforma constitucional en El Salvador

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil rechazaron, a través de un comunicado, la reforma realizada a la Constitución de la República de El Salvador para que una sola legislatura pueda modificar la Carta Magna, lo cual fue aprobado por la Asamblea en su última sesión plenaria.

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“La reciente decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña vulnera uno de los pilares de la democracia: el diálogo ciudadano y profundiza más la desigualdad en una región que aún enfrenta profundos problemas de violencia, migración y pobreza”, señalan los entes de países como el Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, entre otros.

Asimismo, afirman que, en Centroamérica, el autoritarismo es una “amenaza constante” para algunas de las naciones y para otras es, de forma lamentable, una realidad.

El documento firmado por organizaciones como Cristosal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y South Texas Human Rights considera: “una reforma a la Constitución debe ser discutida ampliamente por toda la sociedad y no aprobarse en una plenaria con dispensa de trámite. Hacerlo de esa forma viola la esencia de una Asamblea Legislativa como órgano deliberante, donde el debate público debe primar sobre las imposiciones de un gobierno, de un partido político, o un presidente”.

Asimismo, destaca que “el artículo 248 que se reformó de la Constitución salvadoreña es parte esencial de las llamadas cláusulas pétreas, es decir aquellas que no pueden ser modificadas. Sin embargo, con su reforma, los diputados se agencian un nuevo poder: manipular la Constitución en una sola legislatura quitándole el poder a la ciudadanía a decidir con su voto”.

Esta acción del Gobierno salvadoreño se suma a una serie de acciones que catalogan antidemocráticas como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la legislatura saliente, la aprobación de la reelección inmediata, así como las cientos de detenciones arbitrarias, muertes y torturas denunciadas en el marco del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.