Abogan por mayores sanciones contra la discriminación en Francia

El 64 por ciento de los franceses calificó de insuficientes las políticas empleadas por el Gobierno contra la discriminación, cuyo flagelo es más notorio al momento de solicitar un empleo o facilidades en materia de vivienda, según los resultados de una encuesta realizada por internet del 23 al 25 de abril y publicada este viernes.

El sondeo titulado “La visión de los franceses sobre las medidas contra la discriminación” en el que participaron mil 445 personas, reveló además que la mayoría de los entrevistados abogan por la ampliación del arsenal jurídico como un método eficaz para enfrentar la discriminación.

“Nosotros esperábamos del gobierno medidas más claras y ofensivas al respecto”, declaró Samuel Thomas, presidente de la Maison des Potes, una asociación encargada de apoyar a las víctimas ante los tribunales.

Este lunes el tribunal correccional de Nanterre (oeste) deberá pronunciarse sobre la acusación contra Logirep, uno de los más grandes arrendadores de viviendas sociales en la región del Ile-de-France, por negarse a darle alojamiento a un hombre negro.

A inicios de abril Un informe presentado por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (Cncdh) reveló un incremento importante de las tendencias racistas y xenofóbicas en Francia, donde los Gitanos provenientes de Rumanía y Bulgaria; además de las comunidades musulmanas árabes, son las etnias más vulnerables al desprecio y discriminación de los franceses incluso a escala gubernamental.

Desde 2004 una ley vigente impide el uso de símbolos religiosos en instalaciones de administración pública; entre ellas se incluyen el velo islámico.

Igualdad de género

El pasado 30 de abril la Cámara Baja del Parlamento francés aprobó la nueva ley sobre la igualdad de géneros.

La normativa prescribe que todas las instituciones oficiales se dirijan a las mujeres por su apellido de soltera, obliga a todas las compañías con más de 250 empleados a tener un 40 por ciento de mujeres en sus juntas de dirección para el año 2017 y endurece las sanciones contra los padres que no paguen la pensión alimentaria después del divorcio.

Además, extiende la baja de maternidad hasta un año (en vez de los seis meses anteriores), prohíbe los concursos de belleza infantiles y amplía el acceso al aborto (anteriormente, una mujer tenía derecho a abortar solo si tenía una complicada situación financiera).