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Pese a la versión oficial de que sus hijos fueron asesinados por el cártel Guerreros Unidos, los padres exigen al Gobierno la presentación con vida de sus hijos

Pese a la versión oficial de que sus hijos fueron asesinados por el cártel Guerreros Unidos, los padres exigen al Gobierno la presentación con vida de sus hijos | Foto: La Jornada

Publicado 18 marzo 2016

En México un total de 25 mil 648 desapariciones forzadas se han reportado en los últimos 10 años, así lo informó la Procuraduría General de la República.

Debido a los pocos resultados que existen en las investigaciones y al hecho de que solo se indaga sobre el fallecimiento de los estudiantes, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que estudian la posibilidad de retirarse de las mesas de diálogo con el Gobierno.

Por otra parte, los familiares de los desaparecidos denunciaron que hay una ‘‘campaña de denostación y desprestigio’’ en contra de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo que surgió del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 para proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

>> Mexicanos exigen justicia en caravana por los 43 de Ayotzinapa

Ellos también expresaron que debido a la infinidad de obstáculos para el desarrollo de diversas diligencias e investigaciones creen que el Gobierno simplemente apuesta al olvido del las víctimas.

La Procuraduría General de la República de México, (PGR), por su parte, señaló que tienen toda la ‘‘disposición institucional’’ para atender los planteamientos de familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

En un encuentro con la procuradora Arely Gómez destacó que las investigación  ‘‘está abierta y se desarrolla contando de manera estrecha con la coadyuvancia técnica del GIEI para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de todos los responsables’’.

>> Los rostros de los 43 normalistas desaparecidos

Así que se estima que el 31 de este mes se revele información del tercer peritaje que se le realizó el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron ejecutados y cremados los 43 estudiantes normalistas.

No obstante, Felipe de la Cruz, uno de los representantes de los familiares de los estudiantes, indicó que a casi un año siete meses de la desaparición no tienen respuestas y parecieran encontrarse en el mismo lugar en el que iniciaron.

‘‘No podemos seguir pasivos y tolerantes ante una estrategia que busca que pase el tiempo y que esto se olvide’’, añadió De la Cruz, al tiempo que subrayó que ante los numerosos asesinatos y desapariciones que se suceden el estado de Guerrero, sur de México, ‘‘sigue el disimulo de la PGR para llevar a cabo su tarea’’.

En este sentido, De la Cruz aconsejó a los padres y madres de los 43 normalistas a que tomen medidas para ‘‘subir la presión y la exigencia’’ para que el Gobierno mexicano esclarezca el paradero de los jóvenes.

En dato
Un estudio llevado a cabo por la PGR en septiembre de 2015 reveló que un total de 25 mil 648 desapariciones forzadas se han reportado en México durante los últimos 10 años.

>> A 17 meses del caso Ayotzinapa, padres de normalistas exigen justicia

En Contexto

El día de hoy salió libre, tras casi dos años y medio de prisión, Nestora Salgado, una de las activistas sociales que luchó por construir un sistema de seguridad para el pueblo del Estado de Guerrero, sur de México.

Debido al azote de la inseguridad causada por bandas delictivas asociadas al narcotráfico, y ante la inactividad del Gobierno para ponerle fin, Salgado fundó una policía comunitaria para implantar la ley y proteger al pueblo.

Sin embargo, en actos que se consideran represión política, a la líder la policía comunitaria se le acusó de crímenes que a la larga quedaron sin efecto por falta de prueba de su culpabilidad.

La versión oficial de lo ocurrido con los 43 estudiantes, fue que ellos fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron para eliminar las pruebas; esta versión la rechazan los padres y exigen al Gobierno la presentación con vida de sus hijos.


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