La Cámara de Senadores de Argentina aprobó este jueves 21 de agosto la ley que actualiza el financiamiento de las universidades nacionales, propinando un revés al gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado argentino convirtió en ley la iniciativa redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas del país. La ley obliga al gobierno nacional a actualizar los presupuestos universitarios, elevándolos al 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

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La votación de este jueves reflejó un amplio consenso entre diferentes fuerzas políticas, incluyendo a la coalición opositora Unión por la Patria, pero también a aliados del gobierno como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales, quienes respaldaron la propuesta del CIN.

En las afueras del recinto legislativo, un gran despliegue de efectivos policiales reprimió con gases y palos a integrantes del sindicato de Camioneros y otros gremios que se manifestaban para apoyar las medidas impulsadas en el Senado.

Durante la extensa sesión, los senadores resaltaron la importancia y necesidad de garantizar recursos adecuados para la educación superior, oponiéndose a la política de desfinanciamiento que viene implementando el gobierno de Javier Milei en el sector desde su asunción en 2023, bajo el pretexto de mantener el balance fiscal.

En este sentido, la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti expresó: «cuando defendemos la universidad pública, defendemos las economías nacionales, el conocimiento, el arraigo, las industrias nacionales; defendemos a los médicos, a los abogados, a los etnólogos, pero sobre todo defendemos el derecho que tienen los estudiantes de soñar con un futuro mejor».

La medida fue celebrada por amplios sectores de la comunidad universitaria: desde gremios de estudiantes, universidades públicas, sindicatos de docentes e instituciones científicas.

Durante la jornada, los senadores opositores también lograron consenso para rechazar cuatro decretos que Milei firmó mediante facultades delegadas y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminan o modifican organismos como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, INTI, INTA y la Marina Mercante.

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