La Justicia argentina impuso penas de cadena perpetua a 10 exmilitares y expolicías, junto a un exfuncionario provincial, tras ser encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad contra unas 300 personas en centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar (1976-1983) en la ciudad de La Plata.

El fallo del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata también estableció penas de 25 y 18 años de prisión para otros dos acusados, luego de un extenso juicio oral que se prolongó durante tres años. El proceso judicial investigó delitos perpetrados en las comisarías 8.ª y 2.ª, así como en otras dependencias policiales de la capital bonaerense.

En su resolución, el tribunal sostuvo que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983, reafirmando así la gravedad de las violaciones a los derechos humanos registradas durante ese período.

Entre los condenados a prisión perpetua se encuentra el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, junto a cinco exintegrantes del Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Asimismo, un exmiembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) recibió una pena de 25 años, mientras que el exjefe de la Compañía A del mismo regimiento fue sentenciado a 18 años de cárcel.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, esta resolución constituye la sentencia número 27 emitida en el fuero federal de La Plata desde la reanudación de los procesos judiciales tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La investigación abarcó secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios y otros delitos cometidos contra trabajadores y militantes políticos de las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada. Muchas de las víctimas estaban vinculadas a sectores laborales estratégicos como la petrolera YPF, el Astillero Río Santiago, la planta siderúrgica Propulsora y el frigorífico Swift.

El Ministerio Público Fiscal destacó además que el tribunal consideró los delitos de violencia sexual denunciados por varias víctimas, en línea con los avances jurisprudenciales que reconocen estas agresiones como parte del plan sistemático de represión ejecutado durante la dictadura.

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La sentencia se conoce en el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos aún en proceso de juzgamiento.

Con este nuevo fallo, las condenas por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios en 2006 ascienden a 357, con más de 1.200 personas condenadas en total y 419 aún detenidas, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

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