Diputados y diputadas argentinas del bloque peronista «Unión por la Patria«, presentaron este lunes un pedido de informes al Gobierno de Argentina, tras el envío de dos aviones militares Hércules C-130 a Bolivia, en medio de la represión a las protestas populares ejecutada por el presidente Rodrigo Paz.

“Presentamos un pedido de informes al Gobierno de Milei por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 a Bolivia, en pleno proceso de represión a la rebelión popular masiva contra el gobierno de Paz Pereira”, señaló el diputado Juan Marino.

Marino argumentó que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco (Alianza Popular) denunció ayer públicamente que los aviones Hércules argentinos no estarían transportando ayuda humanitaria sino material para reprimir las movilizaciones.

Mencionó además que la represión del Gobierno boliviano dejó personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos y “algunos con impactos de bala que provocaron pérdida de visión”. Se reportó al menos 47 detenidos de acuerdo a los datos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo de Bolivia con fecha al 16 de mayo.

El proyecto presentado exige al Ejecutivo argentino informar sobre la carga transportada, el personal embarcado, los acuerdos militares con Bolivia y sobre la participación en el “Escudo de las Américas” presidido por Donald Trump.

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Además, solicitaron que información sobre el estado actual de la causa judicial por el envío de armas y munición antitumulto realizado por el gobierno de Mauricio Macri al Gobierno de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, días antes de las masacres de Sacaba y Senkata, con resolución firmada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en el Senado.

“Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del Gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”, afirmó el diputado.

El cuadro político se agrava por dos hechos adicionales, argumentó Marino. Refirió que el 24 de abril el Gobierno de Rodrigo Paz designó como viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, que era Comandante General de la Policía Boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.

El militar fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la cadena de mando responsable y está imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio, homicidio y lesiones graves.

Acotó además que, de acuerdo a declaraciones públicas del vicepresidente boliviano Edmand Lara, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo —segundo donante de la campaña presidencial de Milei en 2023; investigado por la justicia brasileña por organizar milicias digitales en las elecciones de 2022; y parte del equipo que llevó a Nasry Asfura al poder tras el golpe electoral en Honduras— quien se desempeña hoy como asesor personal del presidente Paz Pereira.

Entre tanto, argumentó que la sospecha sobre la verdadera naturaleza del envío “crece cuando se contrasta con la indiferencia del Gobierno argentino frente a otras emergencias humanitarias reales”. En este sentido, recordó que Argentina votó por primera vez en su historia a favor del bloqueo a Cuba en la ONU el 30 de octubre de 2025.

El dato lo presentó el informe para contrastar la verdadera disposición a ayuda humanitaria. “No dispuso ninguna asistencia humanitaria a la isla, pese a que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos caracterizó la situación cubana como ‘privación energética’ provocada por el bloqueo de combustible de Trump”, refirió.

“Hay elementos suficientes para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria, sino ante un respaldo material a la represión. El Gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda. No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión a un pueblo hermano”, argumentó Marino.

Aseguró que “es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las movilizaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta”.

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