La informalidad en el mercado de trabajo de Argentina alcanzó al 45 por ciento del universo total de asalariados e independientes durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los registros difundidos por el Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.  

Según los informes, este porcentaje confirma un proceso de deterioro continuo en las condiciones de contratación desde fines de 2023, cuando el indicador se ubicaba en el 41.4 por ciento, evidenciando el impacto acumulado de la recesión económica y la contracción de la actividad formal en los distintos centros urbanos del país. 

Detrás de este promedio nacional convergen profundas asimetrías regionales y sectoriales. Mientras que en varios conglomerados urbanos de las provincias del norte argentino la precariedad laboral entre los trabajadores independientes escala por encima del 80 por ciento, en el conurbano bonaerense la tasa global de informalidad crece de manera alarmante hasta el 70 por ciento.  

Esta divergencia territorial refleja cómo la pérdida de empleos estables golpea con mayor crudeza en los cordones industriales densamente poblados y en las economías regionales con menor margen de absorción de mano de obra registrada. 

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La expansión de la precariedad guarda una correlación directa con las transformaciones estructurales en la composición del empleo. Entre el cierre de 2023 y mediados de 2026, la participación de los trabajadores asalariados dentro del total ocupado experimentó un retroceso al pasar del 73.7 por ciento al 70,5 por ciento.  

En contraste directo, el empleo por cuenta propia no registrado se expandió del 22.6 por ciento al 25.5 por ciento. Por ello, analistas económicos advierten que “este desplazamiento hacia el cuentapropismo precario no responde a una elección voluntaria de autonomía profesional o emprendimiento sino a una vía de supervivencia obligada ante el achicamiento de las plantas de personal en el sector formal y la caída del poder adquisitivo”. 

El incremento de la informalidad laboral en Argentina se inscribe en un escenario macroeconómico recesivo caracterizado por el ajuste fiscal, la caída del consumo interno y la desregulación de las actividades económicas impulsada por la administración nacional y la llamada política de la motocierra.  

La pérdida masiva de puestos de trabajo registrados tanto en la administración pública como en el sector privado industrial y comercial ha forzado a franjas cada vez más amplias de la población activa a volcarse hacia la economía informal para garantizar su subsistencia diaria.  

Este fenómeno debilita de manera estructural los sistemas de seguridad social, precariza el poder de negociación colectiva de los sindicatos y profundiza la vulnerabilidad de los hogares frente a la inflación y la pérdida de ingresos reales.  

La persistencia de altas tasas de precarización laboral condiciona las perspectivas de recuperación económica equitativa, consolidando un mercado de trabajo segmentado donde una proporción mayoritaria de la fuerza laboral carece de derechos básicos, aportes previsionales o cobertura de salud. 

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