Las fuerzas de ocupación israelíes intensificaron durante la primera semana de octubre de 2026 sus operaciones de ingeniería militar, bombardeos de artillería y demoliciones deliberadas en el sector oriental de la Franja de Gaza.  

Esta nueva maniobra busca “la consolidación y expansión física de la denominada zona de amortiguamiento”, afectando directamente a los barrios de Al-Shuja’iyya, Al-Tuffah y la periferia de Jan Yunis.  

Según el Comunicado Oficial en Tel Aviv de este 5 de octubre, «Las operaciones en el margen oriental responden a la necesidad técnica de expandir el perímetro defensivo y desmantelar las infraestructuras remanentes para garantizar la seguridad de las comunidades fronterizas.» señalo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).  

Sin embargo, durante las incursiones nocturnas, las unidades blindadas respaldadas por drones y maquinaria pesada abrieron fuego contra estructuras civiles habitadas y tiendas de campaña de desplazados, provocando heridas a persona vulnerables y forzando el éxodo de decenas de familias hacia el oeste de la ciudad. 

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En este sentido, la Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza, emitió un comunicado dos días después indicando que «La demolición sistemática de bloques residenciales en el este de Gaza constituye una violación flagrante de los entendimientos de cese de hostilidades y una política de demolición punitiva que busca alterar la geografía de la Franja.» 

De esta manera, la intervención del ejército israelí alteró de forma unilateral la delimitación sobre el terreno al desplazar los bloques de hormigón que marcaban la llamada «Línea Amarilla», referencia fronteriza acordada tras la tregua de octubre de 2025.  

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Al reubicar estos demarcadores frente a las viviendas palestinas, numerosos inmuebles quedaron atrapados dentro del nuevo perímetro de control militar, marcando una nueva iniciativa de desalojo forzado sobre una población ya vulnerable.  

Según el gobierno gazatí, con esta incursión las fuerzas israelíes han pasado a dominar de facto aproximadamente el 63 por ciento del territorio de la franja, instalando más de 40 nuevas posiciones fortificadas y ratificando la negativa explícita de Netanyahu a devolver los terrenos ocupados durante la conflagración. 

Frente a la denuncia persistente de la Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza sobre una política de demolición punitiva que busca alterar la geografía de la Franja, los portavoces israelíes justifican la destrucción bajo el argumento de “desmantelar las infraestructuras remanentes”.  

No obstante, las incursiones continúan en paralelo al estancamiento de las conversaciones de paz promovidas por la diplomacia internacional. La cifra de víctimas mortales palestinas a causa de las violaciones del acuerdo roza los 1.500 fallecidos, acumulando más de 74.000 muertos y 175.000 heridos desde el recrudecimiento del genocidio en octubre de 2023. 

El recrudecimiento de los ataques y la constante alteración de las líneas de control en Gaza visibilizan el carácter expansionista del Estado de Israel, cuya política en los meses posteriores a la supuesta tregua ha consolidado un patrón sistemático de anexión y limpieza étnica, tal como lo describe el reciente informe de Naciones Unidas.  

La invasión continuada y el arrasamiento de barrios completos no responden a incidentes aislados, sino a la ejecución de una estrategia deliberada orientada al desmantelamiento absoluto de las condiciones de vida de la población palestina. 

Diversas comisiones e instancias de investigación de la Organización de las Naciones Unidas han determinado de forma categórica que “las acciones perpetradas por la potencia ocupante en la Franja de Gaza configuran un genocidio”.  

Esta catalogación jurídica se sustenta en la destrucción intencionada de más del 90 por ciento de la infraestructura civil, la privación de suministros básicos, el desplazamiento forzado de más de dos millones de personas y la matanza ininterrumpida de civiles bajo la fachada de acuerdos diplomáticos inoperantes.  

La negativa del Ejecutivo de Netanyahu a replegar sus tropas, sumada al avance progresivo sobre la Línea Amarilla, demuestra que el régimen israelí utiliza el marco de las supuesta treguas para afianzar el dominio territorial permanente. En este escenario, la complicidad u omisión de las potencias internacionales permite el desarrollo impune de un proyecto colonial de desposesión que amenaza con borrar la presencia palestina en la Franja. 

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