La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina dictó este viernes una medida cautelar interina que suspende los efectos de la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737). La normativa había sido eliminada mediante el megaDNU 70/23 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una desregulación que ha desatado masivas protestas de organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos y que recibió días atrás un espaldarazo de la propia Corte.

Este viernes, la Corte Suprema modificó su fallo de finales de septiembre, cuando revocó el recurso de amparo presentado en La Plata por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim), que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei a fines de 2023, que abría la puerta a la extranjerización sin límite del territorio argentino.

???????????? Multitudinarias concentraciones se realizaron en los alrededores del Palacio de Justicia para exigir la derogación de la Ley de Tierras en Argentina. #teleSUR #06oct https://t.co/QNUMEQfh0F

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 7, 2026

La medida cautelar dictada por la Corte suspende los efectos del artículo sobre la Ley de Tierras en el DNU de Milei hasta tanto se exprese el juzgado federal de San Carlos de Bariloche sobre la legitimación de los demandantes, el Cecim de La Plata y la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista de la sureña provincia de Río Negro, que también recurrió a la Justicia cuestionando el artículo 154 DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras rurales.

«Hay que seguir movilizándonos, porque esta resolución es transitoria, no definitiva. Hay que intentar que el 15 de octubre sea derogado el DNU completo«, dijo la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quien impulsó los reclamos judiciales ante el máximo tribunal por la Ley de Tierras, aprobada por el Legislativo en 2011 y que establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

«Estamos sorprendidos por el fallo, muy orgullosos de que desde Río Negro y distintas organizaciones ambientales, indígenas y sindicales hayamos logrado salvar la Ley de Tierras», afirmó la legisladora sobre la nueva decisión de los magistrados.

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El pasado martes, una masiva movilización de organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos, liderada por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), se concentró frente al Palacio de Justicia, en Buenos Aires, para rechazar el fallo del 29 de septiembre con el que la Suprema reactivaba la desregulación de la propiedad rural y la venta abierta de suelos nacionales a compradores extranjeros.

La nueva resolución de la Corte Suprema fue adoptada este viernes por mayoría, con los votos de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, sumados a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, en respuesta a una demanda interpuesta a fines de 2023 por la Asociación Civil Árbol de Pie, conjuntamente con comunidades originarias como los mapuches Lof Fvta Anecon y Lafkenche).

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En contraparte, el juez Carlos Rosenkrantz emitió un fuerte voto en disidencia en el que cuestionó severamente la decisión de sus colegas. Argumentó que el tribunal carecía de competencia y advirtió que «en la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible que hiciera impostergable la adopción de una medida excepcionalísima».

Rosenkrantz criticó que el fallo respondiera al clima social, al sostener que «el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia dictada por esta Corte en la causa Cecim no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten», y advirtió que proceder de ese modo «solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación».

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Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, en Argentina ya existen 13.3 millones de hectáreas en manos extranjeras, con al menos 36 departamentos que superan el límite legal, llegando hasta el 60% en el norte o superando el 80% en localidades como Puerto Libertad, en Misiones.

Ante este panorama, la legisladora Odarda advirtió que los magnates y Estados extranjeros (como Emiratos Árabes y Qatar, además de terratenientes como el empresario británico Joe Lewis) buscan acaparar tierras, minerales estratégicos y recursos hídricos.

Como resultado inmediato, la Ley de Tierras vuelve a tener plena vigencia, recuperando los límites históricos que restringen la extranjerización de los suelos rurales a un 15% a nivel nacional, provincial y municipal, así como el funcionamiento del Registro de Tierras Rurales.

A raíz de la antipopular decisión de la Corte Suprema que el 29 de septiembre suspendió el recurso contra la entrega de tierras de Argentina, la masiva protesta social fue acompañada por la oposición en el Congreso, que acordó avanzar en un proceso parlamentario para anular el DNU de Milei, pero no solo en lo referido a la Ley de Tierras sino íntegramente, incluyendo artículos que contemplan la desregulación en áreas como comercio exterior, alquileres, servicios privados de salud y tarjetas de crédito.

Tras conocerse el fallo de este viernes, legisladores opositores adelantaron que seguirán promoviendo una sesión en el Congreso el próximo jueves 15 para anular el decreto mileísta en su totalidad.

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