Este 11 de octubre se difundió el nombramiento del coronel Carlos Daniel Esteban, quién quedó a cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Inteligencia de Estado, la SIDE, y forma a su personal. Tiene 72 años y un doctorado en Ciencia Política. En la Guerra de Malvinas combatió en el regimiento que comandaba Mohamed Alí Seineldín.

Esta decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei que, con el argumento de renovar los paradigmas de defensa, erosiona las conquistas democráticas de los últimos cuarenta años en materia de control civil de las Fuerzas Armadas.

Los críticos responden que el cambio es, en los hechos, un retroceso de los equilibrios alcanzados en democracia. La discusión legislativa en curso definirá hasta dónde llega ese desplazamiento.

Con este caso, la avanzada de los uniformados sobre la estructura civil del Estado argentino sumó un nuevo movimiento en la militarización del Estado. La administración libertaria aparta de manera sostenida los controles civiles en áreas estratégicas.

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El general Carlos Presti asumió como ministro de Defensa y la residencia presidencial de Olivos quedó convertida en una «base militar» bajo la órbita de la Casa Militar. Ambos casos integran la lista de relevos que más inquietan a sectores políticos y académicos.

Entre especialistas y referentes opositores cunde el temor por el quiebre del principio de subordinación castrense al poder político. La designación en la SIDE y la creciente ocupación de cargos por parte de altos oficiales encienden alarmas institucionales. Sostienen que la participación de uniformados en carteras civiles desdibuja la separación de poderes.

El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el general Jorge Puebla, expuso ante los legisladores que la normativa vigente cumplió un ciclo, y cuestionó lo que denominó «una caja de cristal» en la que habrían permanecido las fuerzas durante las últimas décadas. Su planteo abre la puerta a un cambio de doctrina que inquieta a los organismos de derechos humanos y al movimiento popular.

Detrás de la incorporación de uniformados en áreas técnicas y de inteligencia, los analistas ven dos factores. La escasez de cuadros propios de La Libertad Avanza y la afinidad ideológica de una administración que usa la retórica del orden y la seguridad para cooptar lealtades.

El sector castrense, golpeado por el deterioro salarial, aparece rearmado simbólicamente. El reclutamiento, insisten, no responde solo a necesidades operativas.

Investigadores sociales y exfuncionarios coinciden en una advertencia, este proceso, apunta y busca normalizar un revisionismo histórico sobre el pasado dictatorial del país. Sostienen que desarticula los consensos democráticos construidos tras el juicio y el castigo a los crímenes de lesa humanidad.

Queda pendiente la definición de la reforma del sistema de defensa y seguridad. El debate legislativo continúa abierto, mientras organismos de derechos humanos observan de cerca un giro doctrinario que profundiza la militarización del Estado.

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