El movimiento de resistencia islámica de Líbano, Hezbolá, presentó oficialmente un proyecto de vivienda denominado «Promesa y Compromiso» (Wa’ad wa Iltizam), destinado a brindar asistencia integral, directa y urgente a las familias que quedaron sin hogar o cuyas residencias sufrieron graves daños materiales como consecuencia directa de la agresión militar israelí.

El programa contempla la entrega de subsidios económicos que ascienden hasta los 14.000 dólares para las familias damnificadas en Beirut y su suburbio sur (Dahiye), de los cuales 8.000 dólares se destinarán a la reposición de enseres y muebles, mientras que 6.000 dólares cubrirán gastos de alquiler.

Para el resto de las regiones libanesas afectadas, la ayuda máxima será de hasta 12.000 dólares, fijando un tope de 4.000 dólares para el alquiler. Estos desembolsos se realizarán de forma fraccionada en cuatro pagos distribuidos a lo largo de un año. Comenzarán con una partida inicial de 3.500 dólares para la capital y sus suburbios, y de 3.000 dólares para el interior del país. Abarcarán tanto a propietarios de viviendas destruidas total o parcialmente como a desplazados de zonas fronterizas e inaccesibles.

Al presentar la iniciativa, el presidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, sheikh Ali Damoush, enfatizó que su implementación demostrará la victoria indiscutible de la reconstrucción sobre la destrucción y de la resistencia frente a la barbarie extranjera.

Un informe conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica (CNRS-L), detalló en junio pasado que, como consecuencia de la agresión israelí, hasta ese momento un total de 11.095 edificios habían sido destruidos por completo (afectaron a 17.891 viviendas), mientras que 2.242 edificios sufrieron daños parciales (afectaron a 5.219 viviendas) y 9.311 edificios sufrieron daños menores (que afectaron a 18.282 viviendas). Para esa fecha los daños se estimaban en 1.380 millones de dólares.

Una agresión sistemática que vulnera el Derecho Internacional y la soberanía territorial

Los bombardeos, la destrucción masiva de infraestructura civil y el desplazamiento forzado perpetrados por Israel en suelo libanés constituyen flagrantes crímenes de guerra, gravísimas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y una intolerable vulneración de la soberanía territorial del Estado libanés.

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Las acciones militares ejecutadas contra zonas residenciales, la asfixia económica y la destrucción de más de 18.000 viviendas (sumadas a los miles de inmuebles con daños parciales y severas afectaciones estructurales evaluadas por organismos internacionales como el PNUD) representan crímenes de lesa humanidad tipificados en los convenios internacionales, los cuales prohíben categóricamente los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles y la destrucción deliberada de bienes indispensables para la supervivencia humana.

La violación sistemática de las fronteras y del espacio aéreo y terrestre del Líbano evidencia un desprecio absoluto por la Carta de las Naciones Unidas y el principio de inviolabilidad soberana de los Estados.

La agresión israelí no solo busca doblegar a la población civil mediante el terror y el desplazamiento forzoso, sino que intenta imponer un control hegemónico por la vía de las armas, lo cual pisotea las normas jurídicas internacionales que rigen los conflictos armados.

Ali Damoush denunció con dureza la inacción y la parálisis del Gobierno libanés. Señaló que las autoridades no han presentado ningún plan efectivo para socorrer a los cientos de miles de desplazados provocados por la agresión israelí ni han asumido su responsabilidad fundamental en la evaluación de daños y la reconstrucción nacional, limitándose a mantener archivadas las propuestas normativas en las oficinas del Ejecutivo.

Asimismo, cuestionó que la autoridad central no solo ha omitido aliviar el sufrimiento de los ciudadanos, sino que ha intentado profundizar sus heridas mediante un discurso de falsificación e incitación, a través del cual culpa al propio pueblo de la agresión sufrida y apuesta erróneamente por el fracaso de la Resistencia.

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Frente a este panorama de abandono institucional, el representante de Hezbolá reiteró que la ayuda llegará de manera transversal a todas las regiones damnificadas, sin distinción de afiliaciones políticas o sectarias. Reafirmó que el proyecto responde estrictamente a un «deber religioso y moral hacia nuestro pueblo sacrificado y audaz».

Ante el evidente vacío de protección estatal tras el cese de hostilidades y los acontecimientos posteriores a noviembre de 2024, Damoush recalcó que el pueblo libanés mantiene intacto su legítimo derecho a la resistencia y exigió al Gobierno de Beirut abandonar su postura de rendición para propiciar un reencuentro nacional basado en el diálogo constructivo.

Para finalizar, el movimiento Hezbolá dejó claro que el programa «Promesa y Compromiso» no exime en absoluto al Estado libanés de sus obligaciones constitucionales y humanitarias de dar cobijo a los desplazados, sino que constituye un escudo ético y social frente a la adversidad.

Las comisiones especializadas desplegadas sobre el terreno continúan levantando los censos necesarios para asegurar que ningún hogar destruido quede desatendido, consolidando un frente solidario que desafía tanto la devastación material de la agresión extranjera como la negligencia de las estructuras políticas internas.

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