Los ataques militares que Estados Unidos ejecutó contra 67 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental no redujeron el flujo de cocaína hacia su territorio, según una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que The Washington Post reveló este lunes. El documento permanece sin publicar.

La campaña, bautizada operación Lanza del Sur, dejó 221 muertos desde septiembre de 2025. El informe sostiene que los bombardeos no afectaron el suministro, el precio ni la pureza del estupefaciente que llega al mercado estadounidense.

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Funcionarios del Pentágono transmitieron esa misma conclusión a legisladores durante una sesión informativa a puerta cerrada, de acuerdo con el diario. El precio del kilogramo en Florida descendió hasta un rango de entre 13.000 y 15.000 dólares, señal de disponibilidad amplia.

Las tres variables que examina la evaluación —oferta, precio y pureza— constituyen el estándar con el que las agencias estadounidenses miden cualquier política antidrogas. Ninguna se movió en la dirección que anunció la Casa Blanca. Donald Trump afirmó en repetidas ocasiones que su ofensiva redujo de forma drástica el tráfico marítimo.

Del mar al aire

Los operadores del narcotráfico modificaron rutas y métodos. Las lanchas rápidas desaparecieron de aguas internacionales y los cargamentos pasaron a embarcaciones de mayor porte que navegan pegadas a la costa, donde el riesgo de un ataque disminuye.

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Una porción creciente del negocio abandonó el mar. El documento registra un aumento del uso de aeronaves que despegan de pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela y vuelan hacia el este, sobre Guyana y Surinam, lejos del dispositivo naval estadounidense.

«Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro», declaró al periódico un funcionario de la DEA que pidió reserva de su identidad. Las redes, agregó, localizan los puntos débiles y los aprovechan.

El Pentágono defiende la ofensiva

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, sostuvo que Lanza del Sur cumple su propósito y recordó que las organizaciones criminales transnacionales llevan décadas adaptando sus tácticas. Describió el efecto de la campaña como una «fricción sistémica» sobre las operaciones del tráfico.

Washington inició la ofensiva en septiembre de 2025, primero en el Caribe y luego en el Pacífico oriental. El operativo sirvió además para estrechar el cerco sobre Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses detuvieron en Caracas y trasladaron a un centro de reclusión en Nueva York a comienzos de enero.

Seis meses después de esa captura, el despliegue militar en la región continúa activo y los ataques contra embarcaciones prosiguen.

«Ejecuciones extrajudiciales», advierten la ONU y HRW

Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas figuran pescadores y contrabandistas de combustible, y Washington no acreditó ante tribunal alguno la participación de esas tripulaciones en delito.

Human Rights Watch advirtió la semana pasada a los Gobiernos latinoamericanos sobre las «graves consecuencias» de sumarse a estas acciones y recordó que la supresión de garantías judiciales no reduce el crimen organizado.

La advertencia llega mientras la arquitectura militar impulsada por Estados Unidos se amplía. El 7 de marzo, en el complejo Trump National Doral de Miami, el mandatario estadounidense reunió a 12 jefes de Estado y de Gobierno de la región para firmar la Carta de Doral y constituir la Coalición de las Américas contra los Cárteles, a la que se sumaron representantes de 17 países con el compromiso de emplear fuerza militar letal contra el crimen organizado. México quedó fuera del bloque.

Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, alojó maniobras de la Marina estadounidense. En Puerto Rico volvió a operar parte del aeropuerto de Roosevelt Roads, una base clausurada en 2004. El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, visitó Ecuador el 14 de julio para tratar la cooperación contra las estructuras del narcotráfico.

Colombia ingresará a la coalición el 7 de agosto, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Su antecesor, Gustavo Petro, denunció en marzo un ataque estadounidense en territorio colombiano y reclamó respeto a la soberanía nacional.

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