El Gobierno de Javier Milei autorizó este lunes al Ministerio de Economía a tomar deuda pública con organismos internacionales y a dejar en tribunales estadounidenses la resolución de los hipotéticos conflictos que se presenten con acreedores.

La posible toma de deuda de hasta 5.000 millones de dólares, esconde un acto de entrega de soberanía judicial, de acuerdo a medios locales. Fue oficializada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de reducir los costos de financiamiento del Tesoro Nacional.

La norma faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas dependientes del Ministerio de Economía, a gestionar las operaciones de crédito público y a definir las condiciones financieras de los préstamos.

De acuerdo al medio Página 12, “si bien el decreto deja claro que el Gobierno podrá aumentar su deuda sin consultarle al Congreso, como así también comprometerse a resolver conflictos en tribunales extranjeros, conserva la protección sobre algunos de sus activos estratégicos”.

“O sea que objetará cualquier intento de embargo de los siguientes bienes del Estado: cualquier reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA); bienes del dominio público situados en territorio argentino; bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso; activos diplomáticos y consulares; bienes de carácter militar o bajo control de agencias de defensa y seguridad; bienes que formen parte de la herencia cultural de la Nación; e impuestos y regalías adeudadas al Estado Nacional”, subrayó la plataforma.

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Asimismo El Destape web señaló que el Gobierno busca reemplazar la imposibilidad de salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales con bonistas privados, ya que, aunque el riesgo país perforó los 500 puntos en el último mes, todavía la tasa potencial de emisión sigue siendo relativamente alta.

Por otra parte, el decreto establece que el Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones, con lo que el Gobierno tendrá una herramienta legal para acceder a financiamiento internacional.

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