El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, oficializó la puesta en marcha de las Unidades de Seguridad Migratoria mediante una resolución firmada junto a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Este nuevo esquema otorga amplias facultades a las fuerzas federales para intervenir en tareas de inteligencia, persecución y detención de extranjeros bajo el argumento de combatir supuestas amenazas delictivas.

La medida se concreta tras la ejecución de operativos de ensayo desplegados durante los últimos dos meses en zonas de alta actividad comercial y fuerte presencia migrante, como el populoso barrio de Once, en la capital de Argentina.

Organizaciones sociales denunciaron que estos procedimientos previos derivaron en detenciones arbitrarias, como la deportación directa e injustificada de un ciudadano uruguayo con veinte años de residencia regular.

Los colectivos de derechos humanos advierten que el nuevo marco normativo transforma al trabajador extranjero en un sujeto de sospecha permanente para el Estado. Las persecuciones e inspecciones documentales se concentran de forma sistemática contra comunidades provenientes de Bolivia, Paraguay y Uruguay, así como hacia personas de diversas naciones africanas.

Según el documento oficial, las nuevas dependencias policiales actuarán en colaboración directa con la Dirección Nacional de Migraciones en todo el territorio nacional. Las funciones asignadas incluyen la investigación de posibles infracciones de permanencia y el apoyo a los procedimientos de expulsión inmediata, capacitando a agentes para optimizar la detección en espacios públicos.

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Con la instauración de estas unidades, el Ejecutivo rompe abiertamente con el mandato histórico de la Constitución Nacional, la cual consagra la bienvenida a todos los habitantes del mundo. Los analistas políticos sostienen que la medida busca criminalizar la migración trabajadora para desviar la atención de la crisis económica interna y justificar el despliegue represivo.

Las comunidades organizadas y los movimientos populares anunciaron el inicio de asambleas permanentes y movilizaciones para resistir los forrales policiales instalados en las principales avenidas. Las delegaciones jurídicas preparan recursos de amparo contra la resolución gubernamental, argumentando que las detenciones por portación de rostro vulneran las garantías fundamentales y los convenios de residencia vigentes.

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