La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia anuló seis frecuencias de la emisora comunitaria Radio Kausachun Coca en municipios estratégicos como Montero, Buenavista y Cochabamba. La estación radial opera desde el Trópico de Cochabamba y pertenece a los sindicatos campesinos de la región, que lidera el expresidente Evo Morales.

El dirigente de la Federación Única de Centrales Unidas calificó la medida gubernamental como una persecución directa contra los medios comunitarios que difunden la voz de los sectores populares. Las organizaciones sociales denunciaron que el Ejecutivo busca silenciar las denuncias sobre irregularidades en su Gobierno y coartar la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado.

La emisora abordó durante los últimos meses diversos asuntos de alto impacto, como la aplicación de medidas neoliberales, la crisis económica, los escándalos en torno a la gestión del Gobierno y su subordinación a los intereses de los Estados Unidos, así como la intromisión en la política nacional del consultor argentino de ultraderecha Fernando Cerimedo.

En el ámbito político, el presidente del instrumento político de la Federación Mamoré Bulabudo, Elías Rojas, condenó la ley antibloqueos que tramita la Cámara de Diputados para frenar las protestas sociales. El vocero sindical aseguró que los legisladores oficialistas responden a intereses de Estados Unidos para criminalizar la manifestación popular y avanzar hacia la privatización de los recursos económicos.

Los dirigentes sociales explicaron que las familias bolivianas salen a bloquear las carreteras debido a la profunda crisis económica y a la pérdida sostenida del poder adquisitivo de la moneda nacional. El representante gremial afirmó que más del 70 por ciento de la población afectada trabaja en el sector agrícola o vive del ingreso diario sin percibir un salario fijo.

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Ante la suspensión de las emisiones del medio comunitario, las federaciones campesinas se declararon en estado de alerta máxima y advirtieron sobre futuras movilizaciones populares para hacer respetar sus herramientas de comunicación.

Los voceros recordaron los ataques sufridos por la emisora en 2019 e instaron a la comunidad internacional a pronunciarse ante lo que consideran un régimen de persecución política.

La dirigencia sindical responsabilizó al Gobierno del mandatario Rodrigo Paz de cualquier conflicto social que surja tras el cierre sistemático de los medios de información comunitarios. Los representantes del Trópico de Cochabamba reiteraron que saldrán a las calles para defender la soberanía del pueblo y la continuidad operativa de la radio.

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