El Gobierno de Bolivia desconoció este jueves la designación de Luis Montaño como fiscal general interino tras el arresto de Roger Mariaca, quien impulsó las investigaciones contra Fernando Cerimedo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, declaró que la Policía podría proceder a la aprehensión de Montaño.

El Ejecutivo de Rodrigo Paz ha dicho que designará otro fiscal general, un paso que sería inconstitucional, pues la decisión corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso de Bolivia.

El fiscal designado dijo en rueda de prensa en Santa Cruz, donde Mariaca fue detenido el miércoles, que se procedió a su designación «para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad» en la Fiscalía. En sus declaraciones, evitó referirse a la situación legal de Mariaca y anunció que se trasladaría en las próximas horas a la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial, para comenzar a cumplir sus funciones.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que «no» reconoce la designación de Montaño, porque «no se puede autonombrar» fiscal general interino, y agregó que la Asamblea deberá decidir sobre esta cuestión, algo que se espera para este viernes.

El Legislativo celebrará este viernes una sesión tras la detención del fiscal general, ante lo que la convocatoria califica como un hecho extraordinario y por razones de «urgencia institucional, prioridad parlamentaria y economía procesal».

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que la posibilidad de una extradición de Mariaca no está descartada y que se aguarda una eventual apertura de un caso en territorio estadounidense.

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En un comunicado, la Fiscalía General explicó este jueves que el nombramiento interino de Montaño busca garantizar la continuidad del Ministerio Público tras la detención de Mariaca. Precisó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía, ante la «ausencia definitiva» de su máxima autoridad, la conducción debe recaer en el fiscal superior «con mayor antigüedad», condición que cumple el designado interino.

El fiscal general Mariaca fue arrestado el miércoles en la noche, acusado por el Gobierno boliviano de presuntamente liderar una «organización criminal» que protegía al «narcoterrorismo» en el país, con base en supuestas acusaciones formuladas por la DEA norteamericana.

Mariaca, denunciaron fuentes de la Fiscalía General, fue arrestado en Santa Cruz sin que mediara orden judicial y llevado a las oficinas de la fuerza antinarcóticos en El Alto. Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándoles de ser «corruptos» y de «socavar Gobiernos elegidos democráticamente».

Además del fiscal general, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.

Desde la noche del miércoles, las Fiscalías de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz permanecen bajo resguardo policial. En algunos casos, los agentes impiden el ingreso a sus oficinas.

Funcionarios de la Fiscalía General en Sucre, capital constitucional de Bolivia, denunciaron una intervención «ilegal» de las oficinas y afirmaron que fueron arrestados durante algunas horas.

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El Gobierno de Donald Trump anunció el lunes la revocación de visados a altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú bajo acusaciones de corrupción y de «socavar Gobiernos elegidos democráticamente».

Mariaca fue acusado por el Departamento de Estado de abusar de sus cargos públicos al «solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia» y que sus acciones «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo».

El funcionario rechazó las acusaciones y vinculó la decisión de EE.UU. con las «implicaciones» que tuvieron dentro y fuera de Bolivia investigaciones que avanza la Fiscalía, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio, pero también por los casos de corrupción con combustibles, oro y drogas, en los que aparecen vínculos con la familia del mandatario boliviano.

El arresto de Cerimedo ha destapado, además, una red de influencias e interferencias de la ultraderecha en procesos políticos de la región, con cuartel general desde Washington.

En una reacción a los últimos sucesos en Bolivia, el expresidente Evo Morales dijo que «los hechos ratifican que en nuestro país gobierna Estados Unidos. Está claro que buscan salvar al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, y también al presidente Paz y su familia».

Desde la Administración Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que «la Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia».

En X, Rubio recordó que la semana pasada, durante la reunión de líderes del Escudo de las Américas, «Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en la región frente a la influencia desestabilizadora de las redes narcoterroristas armadas».

El pasado lunes, el abogado argentino Yamil Castro Bianchi afirmó en entrevista con Radio del Plata que hay previsiones procesales para que el exasesor político Fernando Cerimedo abandone la prisión en noviembre y trató de descalificar los testimonios de Nadia Beller, ex pareja del consultor y víctima de un intento de asesinato ordenado por él.

En Facebok, Beller comentó también las circunstancias del arresto del fiscal general y señaló que «la Policía allana ilegalmente las Fiscalías donde se encuentran investigaciones y pruebas vinculadas a Cerimedo y la familia del presidente».

«La policía que está siendo investigada por sus posibles vínculos con Cerimedo termina interviniendo las instalaciones donde están las pruebas contra Cerimedo», dijo.

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