Osama Ahmed Abed, un niño palestino de cuatro años, falleció este martes a causa de las heridas sufridas tras un ataque israelí perpetrado el 23 de agosto de 2026 en la ciudad de al-Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, hecho que constituye un crimen agravado contra el derecho en general.

La tía del menor declaró a los medios locales que el padre de Osama había muerto en un ataque israelí un año antes, y añadió que conservaba la esperanza de salvarle la vida después de que un fragmento de metralla lo hiriese en la cabeza.

Según informes de la ONU y del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes han asesinado al menos a 21.638 niños en ese territorio palestino desde el inicio del actual ciclo de genocidio, el 7 de octubre de 2023. La cifra incluye a más de 1.000 bebés menores de un año, lo que representa aproximadamente el 2% de todos los niños en Gaza. Miles de menores más siguen desaparecidos bajo los escombros y se presumen muertos, mientras que los niños, las mujeres y las personas mayores representan más del 55% de todos los fallecidos durante el conflicto.

Las fuerzas israelíes siguen cometiendo genocidio contra los palestinos al atacar deliberadamente a niños en Gaza. De acuerdo con un informe elaborado por una comisión de investigación independiente de las Naciones Unidas, el cual se dio a conocer en junio, los ataques continuos han causado «muertes, lesiones y traumas sin precedentes» a la infancia, lo que consolida la tipificación jurídica de estos hechos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad debido al quebrantamiento deliberado de tratados globales que proscriben el exterminio y el castigo colectivo de poblaciones protegidas.

Además, la destrucción sistemática del núcleo familiar y los ataques contra infraestructura civil desprovista de valor militar constituyen violaciones graves de las leyes de la guerra, y quebrantan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución exigidos por el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario.

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El Ministerio de Salud palestino indicó que más de 300 niños murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza hasta el 16 de agosto, mientras que otros 1.174 resultaron heridos desde el inicio del llamado alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Los actos de violencia contra menores indefensos vulneran de forma directa los principios fundamentales de la protección a la infancia consagrados en el derecho internacional humanitario, y configuran una flagrante violación de los Convenios de Ginebra y de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales prohíben categóricamente la agresión deliberada contra civiles en zonas residenciales.

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Los edificios de apartamentos, los mercados, los vehículos y los cafés permanecen como blanco de ataques, donde familias enteras recibieron órdenes de evacuación apenas minutos antes de ser bombardeadas o no recibieron ninguna advertencia. El Estado sionista ignora flagrantemente la obligación legal de salvaguardar a la población civil y evitar daños desproporcionados.

En agosto, la agencia de la ONU para la infancia (Unicef) afirmó que al menos 300 niños han muerto en Gaza en los aproximadamente 300 días transcurridos desde que se anunció el llamado alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Ello supone una media de un niño al día, con cientos de personas más gravemente heridas.

Al respecto, Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, declaró: «Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a la infancia. Los niños de Gaza siguen esperando el fin de la violencia que les prometieron».

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó los ataques de Israel en la Franja de Gaza y afirmó que «el patrón incesante de asesinatos» refleja la «impunidad generalizada» de Israel frente a las leyes internacionales.

En su declaración, Turk señaló que «los palestinos siguen siendo asesinados y heridos en lo que queda de sus hogares, en los refugios y tiendas de campaña de las familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y en un aula», lo que demuestra el quebrantamiento continuo de los espacios protegidos por el derecho internacional humanitario.

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