Tel Aviv hace un continuo uso de la detención masiva, la represión y el encarcelamiento de palestinos mediante el arbitrario criterio de la «detención administrativa».

El Ejército de ocupación ordenó nuevas evacuaciones en la zona de Jan Yunis, incluida el área donde se encuentra el Hospital Naser, obligando a más familias palestinas a trasladarse a otros lugares en medio del genocidio en curso, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.

Teherán defendió su determinación de suspender la cooperación con el OIEA al señalar que el organismo internacional actuó como instigadora de las agresiones sionistas y estadounidenses contra sitios nucleares clave como Fordó, Natanz e Isfahán.

El funcionario de Hamás detalló que se han logrado frustrar intentos de introducir dispositivos de vigilancia y teléfonos de última generación destinados a informantes para ejecutar misiones de alto riesgo.

La relatora de la ONU para Palestina ocupada, Francesca Albanese, instó a la comunidad internacional a imponer un embargo militar total y sanciones económicas al régimen israelí por el «genocidio más cruel de la historia» en la Franja de Gaza.

La cartera de Salud resaltó que cada crimen contra equipos médicos y humanitarios evidencia la metodología sangrienta y la intención de exterminio de la entidad sionista.

De acuerdo con el mensaje del jefe de Estado de EE.UU., el cese del fuego tendría un carácter temporal por un término de 60 días.

Ejército sionista impone órdenes de evacuación a pobladores de 17 áreas del norte de Gaza, obligándolos a desplazarse a zonas que promueven como seguras y en realidad están bajo sus ataques.

Los manifestantes exigen al Gobierno israelí firmar el acuerdo con Hamás que está sobre la mesa, antes que los propios bombardeos de su Ejército cause la muerte de todos los rehenes.

Esta alarmante cifra es un resultado directo del continuo bloqueo y los intensos ataques militares de Israel al enclave ocupado.