Legisladores de Estados Unidos presentaron el proyecto de ley “Save The World Cup Act” (H.R.7986), el cual busca prohibir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice operativos civiles en las inmediaciones de los estadios durante la Copa del Mundo 2026. La propuesta responde a las advertencias de organismos internacionales que han señalado la necesidad de evitar que el evento deportivo se convierta en un escenario de riesgo para los derechos humanos de los aficionados y las comunidades migrantes.

La representante Nellie Pou, junto a los congresistas LaMonica McIver, Eric Swalwell y Bennie Thompson, impulsan un proyecto que restringe el uso de fondos federales. La normativa impediría que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia financien redadas o control migratorio en un radio de 1.6 kilómetros alrededor de sedes del Mundial 2026 y áreas del FIFA Fan Festival.

Esta iniciativa surge en un contexto en que diversas organizaciones sociales denuncian la vigencia de políticas migratorias discriminatorias y detenciones arbitrarias en territorio estadounidense. Según el texto de la propuesta, la intención es garantizar un entorno seguro y prevenir situaciones que se consideran como “amenazas de violaciones a los derechos humanos”, especialmente aquellas derivadas de las prácticas de agentes armados y enmascarados contra la población civil.

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Sin embargo, el proyecto contempla excepciones por razones de seguridad pública. Los operativos del ICE podrían realizarse únicamente en situaciones de emergencia extrema, tales como amenazas terroristas, riesgo inminente de muerte o daño físico, peligros directos a la seguridad nacional o la necesidad de evitar la destrucción de evidencia en casos criminales en curso. Fuera de estos supuestos, el área del torneo se mantendría libre de acciones de control migratorio civil.

Actualmente, el proyecto H.R.7986 se encuentra en su primera fase legislativa tras ser remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes para su revisión técnica. Para que esta protección entre en vigor antes del inicio del certamen, la ley debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado y, finalmente, recibir la firma del Ejecutivo. De concretarse, representaría un precedente importante en la gestión de grandes eventos deportivos frente a las políticas de seguridad interna de la Administración Trump.

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