La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó que se refuercen las acciones de prevención, preparación y gestión del riesgo por sismos y tsunamis, especialmente en las zonas del Pacífico donde la amenaza y la vulnerabilidad son más elevadas.

A través de un comunicado, la entidad advirtió este martes que cerca del 80 por ciento de la población colombiana, unos 45 millones de personas, está expuesta a amenazas sísmicas de niveles altos e intermedios, por lo que es urgente modernizar las normas, medidas de diseño y construcción sismorresistentes, que en varios casos llevan más de 16 años sin actualización.

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Tumaco, en Nariño, fue señalado como un territorio de alto riesgo por su ubicación en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde ocurre cerca del 90 por ciento de los terremotos del mundo, y por la alta concentración de población urbana en zonas de bajamar. Cerca del 70 por ciento de sus habitantes urbanos viven en áreas muy expuestas a inundaciones y tsunamis, subrayó la Defensoría.

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La institución recordó episodios históricos devastadores, entre ellos sismos de magnitudes extremas en 1906 y 1979, y enfatizó que los impactos potenciales actuales se agravan por factores estructurales, como la pobreza, construcciones informales, acceso insuficiente a servicios básicos y la degradación de ecosistemas protectores como los manglares.

La Defensoría recomendó medidas concretas para reducir los riesgos, instando a mejorar y ampliar sistemas de alerta temprana, delinear y señalizar rutas de evacuación y espacios seguros, reducir la vulnerabilidad de viviendas e infraestructuras, priorizando los contextos de informalidad, y promover simulacros y educación comunitaria permanente.

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Además, la entidad insistió en la necesidad de articular institucionalmente las acciones de gestión del riesgo, y de reconocer y potenciar los conocimientos y capacidades históricas de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico en la protección de sus territorios.

La Defensoría aclaró que su llamado busca prevenir y preparar, no alarmar, y recalcó que la inversión en prevención, y la sostenida priorización estatal, son la vía más eficaz para proteger la vida y los derechos de la población frente a futuros eventos sísmicos y tsunamis.

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