Los jueces han declarado como “ilegales” más de 10.400 detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), frente a solo 1.200 casos ganados por el Gobierno, según una investigación del portal Politico sustentada en una base de datos exhaustiva. La cifra es aproximadamente el 90% de los casos analizados, lo que supone un golpe judicial directo a la política de «detención obligatoria» implementada por la Casa Blanca desde julio de 2025.

El origen de esta avalancha judicial se remonta al 8 de julio de 2025. En esa fecha, el director interino del ICE, Todd Lyons, emitió un memorando que cambió radicalmente la interpretación de la ley federal.

Históricamente, la detención obligatoria se aplicaba a personas capturadas en la frontera. Sin embargo, la nueva política reclasificó a millones de inmigrantes que han vivido años en EE.UU. como «solicitantes de admisión», negándoles automáticamente el derecho a audiencias de fianza. 

Ese es un «antídoto» necesario contra las políticas de «detención y liberación» de la era Biden, ha alegado el Gobierno de Donald Trump y ha señalado el aumento de salidas voluntarias como prueba de su éxito.

​Jueces expresan frustración

​A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado a los magistrados de “activistas judiciales”, los datos muestran que el rechazo es generalizado. Más de 425 jueces, incluyendo muchos nombrados por el propio Trump y por George H. W. Bush, han fallado en contra del ICE.

​“Así no es como deberían funcionar las cosas en Estados Unidos”, escribió el juez federal Gary Brown (nombrado por Trump), al criticar la revocación de la residencia legal de un detenido.

​Por su parte, el juez Harvey Bartle III denunció que el ICE actúa «en contra de la ley, gastando innecesariamente el dinero de los contribuyentes y malgastando los escasos recursos del poder judicial».

​Casos ICE que conmocionan a los tribunales

​La investigación detalla situaciones extremas que han afectado la sensibilidad de los magistrados, como el caso de un niño de cinco años detenido por el ICE cuando regresaba de la escuela, cuya liberación fue ordenada por el juez Fred Biery en Texas bajo un fallo que criticó la «sed de poder desenfrenado».

Una madre lactante con estatus de refugiada y otra separada de su hijo de un año, liberada solo cuando el menor fue hospitalizado también son mencionadas. La Administración ha reconocido, en casos excepcionales, haber deportado a personas violando órdenes judiciales vigentes.

​Rumbo a la Corte Suprema

​La división en los tribunales de apelación asegura que el destino de esta política se decidirá en la Corte Suprema de Estados Unidos. ​Mientras que el Quinto y el Octavo circuitos (Texas y Minnesota) han fallado a favor del Gobierno, el Segundo, Sexto y Undécimo circuitos (Nueva York, Cincinnati y Atlanta) se han posicionado en contra. 

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Esta discrepancia ha dejado a muchos jueces de primera instancia con las «manos atadas» en ciertos estados, mientras que otros buscan vías constitucionales basadas en el debido proceso para seguir liberando detenidos.

​“Confiamos en que la interpretación de la ley por parte del Gobierno de Trump se verá confirmada en la apelación”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

​Entretanto, el sistema judicial permanece desbordado y el Departamento de Justicia ha tenido que recurrir a abogados sin experiencia para cubrir la falta de personal ante el volumen masivo de demandas de emergencia que no deja de crecer.

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