El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, firmó nuevas resoluciones con las que cerró los espacios sociojurídicos y de diálogo que mantenía con Comuneros del Sur —disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Nariño— y con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conocidas como los combos paisas. El Ejecutivo retiró a sus negociadores designados y canceló la condición de voceros a los integrantes de estos grupos.

En el caso de Comuneros del Sur, cuya hoja de ruta se firmó en 2024 y que ya había realizado un primer desarme y destrucción de armamento, el panorama cambió al punto de que su líder actual fue priorizado como objetivo para ser extraditado a Estados Unidos tras su captura.

Por el lado de los combos paisas, la medida de cierre se suma a decisiones recientes como el traslado de 117 cabecillas a cárceles de alta seguridad, entre ellos a jefes de estructuras de Medellín, el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. En el grupo figuran alias «Carlos Pesebre», «Douglas» y «El Indio».

???? El Gobierno colombiano canceló los diálogos con grupos armados debido a la falta de garantías en las conversaciones sociojurídicas y la evidente ausencia de voluntad de paz.

???? La medida revoca los acuerdos de negociación sostenidos en 2011 y 2016 con las diferentes… pic.twitter.com/vvFOcFd7Jo

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 1, 2026

Los cierres se añaden a la terminación previa de las mesas con las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), consolidando un giro de postura frente a los procesos que hacían parte de la política de paz total.

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Por otra parte, el Gobierno colombiano anunció que apelará el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que le ordenó abstenerse de realizar bombardeos si existen indicios «razonablemente verificables» sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados en los objetivos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó la ambigüedad del término legal fijado por el juzgado al considerar que un estándar tan abierto imposibilita materialmente el uso de la fuerza aérea contra las organizaciones criminales. La medida judicial responde a una tutela interpuesta en favor de los menores y se mantendrá mientras se toma una decisión de fondo sobre el asunto.

⚖️Juzgado de Bogotá ordena al Gobierno de Colombia suspender bombardeos donde haya menores reclutados. #teleSUR #Colombia #DerechosHumanos #4Sep pic.twitter.com/pnBGZbvG4p

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La controversia judicial surge tras el desarrollo de la Operación Amón en Guaviare contra las disidencias de «Calarcá», la cual dejó diez personas muertas, entre ellas tres menores de edad. Pese a las críticas, tanto el presidente de Colombia como el ministro de Defensa han respaldado el accionar militar argumentando que la responsabilidad legal y ética recae en las organizaciones armadas por incurrir en el reclutamiento ilícito, una infracción al Derecho Internacional Humanitario que acumula 1.173 casos reportados por la Defensoría del Pueblo entre 2024 y julio de 2026.

Hasta la fecha, la actual Administración ha ejecutado tres bombardeos aéreos: el primero en el Catatumbo (Norte de Santander) con un saldo de dos integrantes del ELN muertos; el segundo en El Retorno (Guaviare); y el más reciente, denominado Operación Azarías, llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, contra las disidencias de alias «Mordisco», con un balance de 20 disidentes fallecidos y dos menores recuperados.

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