En respuesta a la contundente presión de las acampadas populares y el Sindicato de Inquilinas, el Consejo de Ministros de España aprobó este martes 29 de septiembre dos reales decretos ley destinados a frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de la clase trabajadora.

El Ejecutivo pidió al Congreso celebrar un pleno extraordinario este viernes para convalidar los textos. Mientras la calle se mantiene movilizada en las principales plazas del país, las organizaciones sociales advierten que seguirán vigilantes para evitar que las bancadas conservadoras y neoliberales diluyan el alcance de las medidas durante el debate parlamentario.

Uno de los decretos establece la renovación automática e ilimitada de los contratos de alquiler equiparando el techo a un derecho laboral indefinido siempre que la persona inquilina cumpla con sus pagos.

Asimismo, se decreta una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos vigentes que expiren antes del 31 de diciembre de 2028, medida que beneficia a unos cinco millones de personas. La medida busca proteger a las personas inquilinas de la inestabilidad y la incertidumbre que generan los contratos de alquiler a corto plazo.

Otra medida consiste en extender la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta el año 2030. Paralelamente, se ataca el fraude en los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones, obligando a los arrendadores a justificar una causa real para evitar que se usen como vía de escape para inflar precios.

De acuerdo con medios españoles, esta medida busca proteger a las familias vulnerables de perder sus hogares y evitar que los arrendadores utilicen contratos fraudulentos para aumentar los precios de los alquileres.

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Se prohíbe hasta 2028 la adquisición de inmuebles residenciales y carteras de deuda por parte de fondos buitre y empresas dedicadas al negocio inmobiliario. Además, se eleva del 15 al 25% la tributación sobre los beneficios no distribuidos de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIs) para penalizar la especulación. Estas son empresas que se dedican a comprar, gestionar y alquilar activos inmobiliarios, y procuran pingües ingresos para distribuirlos entre sus accionistas.

Esta medida busca desalentar la compra de viviendas por parte de inversores que buscan obtener ganancias rápidas, en lugar de proporcionar viviendas a las personas.

Entre otras, se propone fijar límites del 2% a las subidas de los alquileres y congelar el precio a los contratos por encima del índice de referencia ante una inflación acumulada del 4%.

En el ámbito turístico, se aplica un IVA del 1% a las viviendas de uso turístico y se faculta a los municipios para aplicar una penalización de hasta el 10% en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a pisos vacíos o turísticos en manos de grandes tenedores. Estas medidas buscan controlar el aumento desmedido de los precios de los alquileres y desincentivar la «turistificación» de las viviendas.

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