El Gobierno de España anunció el despliegue de dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario en la ciudad autónoma de Ceuta, los cuales permitirán habilitar de forma inmediata 1.500 nuevas plazas de acogida.

La medida fue ratificada este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa en el enclave norteafricano, en respuesta al hacinamiento y desbordamiento asistencial que afecta a la población tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

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Las autoridades centrales acondicionarán tres predios urbanos para la instalación de estos módulos: el aparcamiento del Embalsamiento en la urbanización Loma Colmenar, las instalaciones de la antigua Hípica y el predio de El Guano, donde operaba una planta de fertilizantes.

Asimismo, el Ejecutivo destinará una partida de 6,5 millones de euros a la Cruz Roja para reforzar la distribución de alimentos y la atención sociosanitaria a sectores vulnerables, labores que requieren la entrega diaria de unos 4.000 kits de alimentación para sostener las necesidades básicas en la zona.

La medida gubernamental responde a las crecientes demandas populares y de las autoridades locales por la saturación de los espacios públicos e infraestructura social de Ceuta, donde aún permanecen miles de personas tras la llegada de alrededor de 72.000 migrantes a finales del mes pasado.

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El anuncio coincide con las duras críticas del alcalde-presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien acusó al Ejecutivo de Sánchez de actuar con pasividad y de pretender ocultar el impacto real de la crisis sobre el bienestar de la ciudadanía y de maquillar las cifras reales sobre las personas que continúan en el territorio tras la incursión registrada a finales de julio.

Mientras las autoridades de Madrid afirmaron que la normalidad retornó en 48 horas y situaron la cifra de migrantes en apenas 2.500, el mandatario local denunció un panorama de alto riesgo e insostenibilidad, estimando que entre 8.000 y 10.000 personas permanecen aún sin identificar en la localidad norteafricana.

Vivas fustigó la falta de voluntad política de la Moncloa para implementar un blindaje fronterizo efectivo y reactivar el tejido social y económico del territorio, advirtiendo que acudirá al Poder Judicial o a las Cortes si en un plazo de 30 días no se ofrecen respuestas concretas.

A la par del desamparo institucional que denuncia la Administración local, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó sobre amenazas a la seguridad, mientras episodios recientes como el intento de cruce convocado para el 15 de agosto evidenciaron la constante tensión social en la frontera, donde las fuerzas marroquíes expulsaron a periodistas de agencias internacionales durante los operativos de contención.

Por su parte, el Ejecutivo central intentó justificar su actuación al desplegar medidas asistenciales para contener emergencias de salud pública y sostener el control fronterizo.

En este contexto de pugnas institucionales y disputas de soberanía alimentadas por sectores oficiales, la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó la situación como un asunto de integridad territorial.

Mientras tanto, la población ceutí padece las consecuencias del colapso de los servicios esenciales y la inacción gubernamental ante el impacto humanitario en la región.

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