El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lanzó este lunes un ultimátum de 30 días al Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, advirtiendo que acudirá al Poder Judicial si no se resuelve la crisis migratoria que afecta al territorio desde finales de julio.

Vivas anunció su intención de llevar el caso ante los tribunales y reunirse con las máximas autoridades del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, denunciando que la localidad norteafricana padece un estado de excepción derivado del desamparo institucional y la pasividad del Ejecutivo central.

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Durante una comparecencia pública tras un Consejo de Gobierno extraordinario, el dirigente ceutí fustigó la falta de firmeza de la Administración de Sánchez, acusándola de pretender maquillar la gravedad de los hechos y de actuar de forma permisiva hacia Marruecos para no alterar las relaciones bilaterales.

Vivas sugirió que esta inacción gubernamental deja desprotegida a la población local frente a un panorama donde el territorio sufre presiones sucesivas desde la frontera, mientras las autoridades centrales eluden tomar medidas contundentes de respuesta integral.

La entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio originó el despliegue del Ejército español y el cierre temporal del paso fronterizo, luego de que decenas de miles de personas cruzaran a pie y a nado la demarcación.

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Pese a los retornos iniciales, la ciudad, con una población habitual de 80.000 habitantes, alberga actualmente a cerca de 10.000 migrantes que ingresaron en esa oleada, de los cuales casi 2.000 son niños y adolescentes no acompañados.

Esta saturación extrema mantiene colapsados los centros de atención, la infraestructura asistencial y los servicios públicos esenciales, deteriorando de manera alarmante la convivencia y el bienestar de la ciudadanía.

En ese sentido, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) exigió al Ministerio de Sanidad de España asumir su responsabilidad e intervenir de forma urgente sobre el terreno ante la severa crisis asistencial que asola a la ciudad autónoma de Ceuta.

Mediante un pronunciamiento público, la organización gremial tildó de insuficiente la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtiendo que su anunciada visita a la zona «en las próximas semanas» llegará tarde y responderá únicamente a un acto propagandístico para la foto, mientras el personal médico enfrenta jornadas extenuantes sin el respaldo estatal necesario.

El gremio médico denunció que el deterioro de la atención pública obedece a un déficit estructural histórico de especialistas y a una sobrecarga laboral insostenible para la plantilla en servicio.

Esta precariedad institucional se agudizó tras el ingreso masivo de cerca de 72.000 personas por la frontera con Marruecos a finales de julio, evento que desbordó la capacidad del sistema de salud local y situó a la población en un escenario de vulnerabilidad epidemiológica.

A la saturación de los centros de salud se suma la alerta por brotes masivos de sarna entre los colectivos atendidos, así como el riesgo inminente de propagación de enfermedades infecciosas como salmonelosis, tuberculosis, sarampión y cólera.

Ante la falta de insumos, personal de refuerzo y recursos de contención, los profesionales de la salud demandan medidas concretas que garanticen condiciones laborales dignas para los trabajadores de la medicina y protejan el derecho a la salud de las familias ceutíes.

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