La Audiencia Nacional española concedió la libertad condicional por motivos de salud al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, quien fue condenado en 2020 a 133 años de cárcel por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Seis años después de aquella condena, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo bajo la calificación de «crimen de Estado», el tribunal aceptó la propuesta de la cárcel de Estremera para otorgarle la libertad condicional anticipada debido a su grave deterioro físico y mental.

Montano, de 84 años, presenta un «declive cognitivo elevado» y padece una enfermedad irreversible que ha requerido constantes traslados hospitalarios. Según el auto judicial, quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la ONG Basida en Madrid, organización que ha aceptado su custodia. El juez subrayó que «lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad».

Antes de emitir su fallo, la Audiencia Nacional intentó sin éxito contactar a los familiares de las víctimas en cumplimiento del Estatuto de la Víctima, aunque algunos ya habían fallecido y otros resultaron ilocalizables. Por su parte, la Fiscalía no se opuso a la excarcelación.

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Expresidente salvadoreño y su grupo de militares a juicio por asesinato de seis jesuitas

Inocente Montano fue el único dirigente militar juzgado en España por estos hechos. Fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), en el contexto de la guerra civil salvadoreña. Las víctimas mortales por las que fue sentenciado fueron los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.

El tribunal también lo consideró autor material de los crímenes del jesuita salvadoreño Joaquín López, de la cocinera Julia Elba y de su hija Celina Mariceth, de 15 años. Sin embargo, no pudo ser condenado por estos tres últimos homicidios debido a que Estados Unidos no concedió su extradición por dichos cargos específicos.

La sentencia, emitida más de tres décadas después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron planeados y ordenados por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Este órgano incluía a Montano y al entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), cuya extradición a España fue rechazada por la justicia salvadoreña.

Juicio pendiente en El Salvador

Mientras se resuelve la situación penal en Europa, en El Salvador continúa pendiente el juicio por la autoría intelectual de la masacre. En 2024, un juzgado salvadoreño envió a juicio a 11 acusados, incluyendo a Cristiani, quien se encuentra en paradero desconocido y cuenta con una orden de captura vigente.

Entre los procesados penalmente en ausencia figuran los mandos militares Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. A ellos se suman los militares retirados Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, así como el exdiputado Rodolfo Parker.

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