La crisis migratoria desatada el 30 de julio en Ceuta, con el ingreso de entre 72.000 y 80.000 personas desde Marruecos, continúa sin resolverse y mantiene a la ciudad autónoma en situación de «alto riesgo». El presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, renovó este lunes sus críticas al Ejecutivo central, acusándolo de pasividad y de «maquillar la realidad» sobre las cifras de inmigrantes irregulares que aún permanecen en el territorio español.

La incursión masiva de los días 30 y 31 de julio comenzó tras la difusión de rumores en redes sociales que aseguraban que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas. Tras comprobarse la falsedad de esta información, la gran mayoría regresó a territorio marroquí.

Sin embargo, Vivas subrayó la «falta de respuesta adecuada» por parte de la Moncloa y rechazó las afirmaciones oficiales de que la normalidad se recuperó en 48 horas. Mientras el Gobierno indicó que solo quedaban 2.500 personas, el mandatario local calcula que entre 8.000 y 10.000 individuos continúan en Ceuta sin ser identificados.

El presidente ceutí advirtió que si en 30 días no mejora la situación, acudirá a las Cortes o al Poder Judicial. «A día de hoy, casi 20 días después del ataque, todavía no han sido identificadas las personas que permanecen en nuestra ciudad«, expresó Vivas al término de un consejo de Gobierno extraordinario.

Además, insistió en que no habrá normalidad hasta el regreso a Marruecos de todos los participantes en el cruce irregular, calificando el panorama actual como un riesgo para la seguridad ciudadana, la convivencia y la seguridad nacional.

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Previamente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España había alertado sobre una «amenaza creíble», lo que obligó a reforzar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla. Aunque una nueva convocatoria de cruce masivo instigada en redes sociales el 15 de agosto fue abortada, generó un fuerte impacto psicológico en la población.

Fuentes indican que Marruecos intervino para frenar la acción, aunque esta gestión incluyó la expulsión de periodistas de las agencias EFE y RTVE. Analistas señalan que la pasividad marroquí alentó la llegada masiva de julio.

En respuesta a la emergencia, la ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó la creación de centros provisionales para la atención médica. “Nos estamos jugando una prevención de la salud pública y de la transmisión de enfermedades”, declaró, defendiendo que el Gobierno ha buscado soluciones compartidas desde el primer minuto.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la soberanía del territorio, sentenciando que Ceuta y Melilla son «españolísimas» y que cualquier agresión a estas ciudades «es una agresión a España entera», en clara referencia a las manifestaciones soberanistas de altos funcionarios marroquíes.

Finalmente, Vivas reprochó la falta de medidas concretas para reactivar la ciudad anímica y económicamente, así como para garantizar el blindaje fronterizo. «No sabemos qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad de nuestra integridad territorial. No nos vale que nos digan que no se puede, no hay voluntad«, enfatizó el presidente de Ceuta, cerrando así una jornada marcada por las exigencias locales frente a la gestión de Madrid.

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