La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó este martes en primera instancia el Proyecto de Ley N° 14337, iniciativa que busca acotar la definición de delitos de lesa humanidad y que, según organismos de derechos humanos, promueve la impunidad.

La propuesta, impulsada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, obtuvo 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. El dictamen establece la creación de un nuevo título en el Código Penal para regular estos crímenes, determinando que actos como el asesinato, la tortura o la desaparición forzada solo serán considerados de lesa humanidad si se demuestra que formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

De no cumplirse estos criterios, los hechos serán procesados bajo la normativa ordinaria como delitos comunes. El texto plantea que la norma se aplique a procesos judiciales en trámite y a casos con sentencia en revisión o nulidad. Reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en Perú el 1 de julio de 2002, por lo que hechos anteriores a esa fecha no podrían ser juzgados bajo esta tipificación.

Aprobado ✅ La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley 14337 que tipifica los delitos de Lesa Humanidad en el Código Penal, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/a8y91dNwa3

— Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) May 12, 2026

Críticas y advertencias sobre impunidad

La parlamentaria Ruth Luque denunció que el proyecto responde a una «agenda de impunidad» elaborada por asesores de Rospigliosi, sin ser consultada con el Ministerio de Justicia ni la Comisión de Justicia. Luque advirtió que la norma busca impedir que investigados y sentenciados por crímenes graves respondan ante los tribunales, ignorando las obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano.

A través de la red social X, Luque señaló que el dictamen es promovido por el fujimorismo y restringe los supuestos de aplicación del Estatuto de Roma. Acotó que el objetivo real es extender la impunidad a nuevos casos de violaciones a derechos humanos, como los registrados durante el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025).

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) aseveró que la medida distorsiona los estándares internacionales y debilita las garantías de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado interno (1980–2000).

Hoy en Com. Constitución se aprobó dictamen que tipifica los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, y que es parte de la agenda de impunidad que promueve el fujimorismo. Toma como pretexto el conveniente pedido del TC del Pacto para desarrollar la figura de lesa humanidad,… pic.twitter.com/WI538KSl5K

— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) May 12, 2026

El organismo alertó que la iniciativa pretende considerar como delitos comunes las graves violaciones cometidas antes de la vigencia del Estatuto de Roma, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece que estos crímenes son imprescriptibles.

Durante el debate, el congresista y general jubilado José Williams sostuvo que la ley debe considerar factores como la «exaltación del soldado en operaciones». Williams fue investigado anteriormente por presuntos crímenes de Estado registrados durante el conflicto interno.

Fernando Rospigliosi defendió su iniciativa argumentando que responde a recomendaciones del Tribunal Constitucional. El legislador afirmó que la tipificación se aplica de forma irregular contra militares y policías.

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Cronología de la impunidad

La iniciativa legislativa comenzó el 1 de febrero de 2024 con la presentación del Proyecto de Ley 6951/2023-CR por parte de los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto. La propuesta buscaba evitar la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad para hechos previos a su vigencia en territorio peruano.

En agosto de 2024, el Congreso promulgó la Ley 32107. Esta norma determina que ninguna persona puede enfrentar procesos judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La medida se implementó ignorando las advertencias emitidas por la Corte IDH.

El Tribunal Constitucional validó la vigencia de la ley en diciembre de 2025, al declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima. La resolución se mantuvo debido a que no se obtuvieron los cinco votos requeridos para su anulación, registrándose cuatro votos a favor de la norma y tres en contra.

???? #ALERTA | Ley de lesa humanidad abre camino a la impunidad

Desde la CNDDHH alertamos sobre esta iniciativa legislativa que pretende considerar como "delitos comunes" a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas antes de la vigencia del Estatuto de Roma.

Esta norma… pic.twitter.com/UUWu0I3x8G

— CNDDHH ???????? #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) May 12, 2026

El dictamen aprobado en mayo de 2026 por la Comisión de Constitución funciona como un complemento a la Ley 32107. El texto introduce definiciones restrictivas sobre el ataque sistemático, vinculándolo exclusivamente a planes de gobierno u órdenes operativas. Esta modificación limita la capacidad de interpretación de los jueces para calificar crímenes del pasado bajo la tipificación de lesa humanidad.

Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la impunidad, ya que decenas de procesos del conflicto armado interno podrían archivarse por prescripción. La reforma prioriza la soberanía jurídica nacional, encaminando al Estado peruano a un cierre definitivo de expedientes históricos; tras ser aprobada por la comisión, el proyecto de ley será incluido en la agenda del Pleno del Congreso para su debate definitivo.

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