El fenómeno ocurre en medio de una intensificación de las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha priorizado la deportación de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y los servicios.

Las consecuencias del endurecimiento migratorio ya se hacen sentir con crudeza: frutas y vegetales pudriéndose en los campos, restaurantes sin personal, hoteles colapsados y construcciones paralizadas.

Las personas migrantes enfrentan la violencia al ser arrestados, ya que son golpeados, maltratados y esposados.

El fallo permite acelerar deportaciones, suspender admisiones de refugiados y eliminar protecciones para más de 530.000 migrantes.

La propuesta de Trump incluye la contratación de 10.000 nuevos agentes migratorios y 5.000 oficiales más para la Patrulla Fronteriza.

La decisión elimina la obligación del Gobierno a notificar a los migrantes con al menos 10 días de antelación.

Los ciudadanos rechazan la cacería y deportación masiva de migrantes, los despidos de empleados públicos, la quita de fondos a programas sociales y el ataque a la comunidad LGBTIQ+ y otros sectores poblacionales.

Ávila no fue el único que se opuso a firmar la documentación para abandonar Israel.

El Observatorio Comunican expone el auge del negocio de la deportación: un aumento del 50% en el gasto durante 2025.

Inmigrantes denuncian que no tienen alternativas, pues son deportados incluso si cumplen con sus cortes.