En Quito, capital de Ecuador, una marcha de aproximadamente 10.000 personas, integrada por trabajadores municipales y beneficiarios de programas sociales, avanzó el jueves 19 de febrero hacia el Palacio Legislativo rechanzando una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con carácter de ley económica urgente.

Los manifestantes denunciaron que la iniciativa vulnera la autonomía de los territorios y pone en riesgo la provisión de servicios básicos esenciales. El conflicto se centra principalmente en la obligatoriedad que el proyecto impone a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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La reforma establece que alcaldías y prefecturas deben destinar el 70 por ciento de su presupuesto exclusivamente a obras de infraestructura, bajo la amenaza de reducir las transferencias estatales si no se cumple este porcentaje.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) financian no solo obras, sino también servicios públicos y programas sociales. Sus autoridades advierten que esta reforma reduce su margen de acción y afecta directamente su autonomía. pic.twitter.com/dRpPHB91tQ

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) February 19, 2026

Autoridades locales, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advierten que esta medida impediría financiar la operatividad de dichas obras, citando como ejemplo la imposibilidad de contratar maestros para las escuelas que se construyan.

El impulso de la reforma se da en un contexto financiero crítico, con una deuda del Gobierno central hacia los municipios y prefecturas que ronda los 1.000 millones de dólares. Los representantes de los GAD sostienen que la ley permitiría «licuar» progresivamente estos valores pendientes al recortar los recursos anuales.

Además, denuncian vicios de inconstitucionalidad en la propuesta y cuestionan la naturaleza de «urgencia» con la que fue enviada al Legislativo, especialmente ante el riesgo de paralizar programas de salud, deporte, seguridad, estudios técnico, y el pago de salarios.

¿Qué áreas estarían en riesgo?
Programas sociales, salud, educación, deporte, seguridad y estudios técnicos previos para ejecutar obras. Municipios advierten que el impacto sería directo en los sectores más vulnerables. pic.twitter.com/O2qPvC7QiP

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) February 19, 2026

En un movimiento que ha generado controversia, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, trasladó la sesión de votación programada para este viernes 20 de febrero a Samborondón, en la provincia del Guayas, alejándola de la sede del legislativo en la capital.

La decisión de Olsen ha sido calificada por sectores de oposición como un intento de evadir las movilizaciones en Quito. «Como si a Samborondón no llegara la responsabilidad de los asambleístas, o no llegara la gente a manifestarse en contra de estas medidas», enfatizó en una entrevista la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira.

«Porque si creyeron que saliendo de Quito evitaban movilizaciones déjenme decirles que no hay rincón en el país donde no haya gente que este afectada y se va a movilizar contra las leyes», agregó.

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Rivadeneira recordó que los municipios y prefecturas están en primera fila de atención social ante la ausencia del Gobierno. «Son los GAD los que atienden a las mujeres violentadas, a la niñez, tienen escuelas del deporte, atienden a personas de la tercera edad. Será un perjuicio inmenso al pueblo ecuatoriano y eso es lo que ahora se manifiesta», puntualizó.

Mientras en Quito la jornada de protestas se ha hecho sentir con miles de personas en las calles coreando "Fuera Noboa", el presidente de la Asamblea, Niels Olsen decidió trasladar la sesión en la que se definirá esta ley a Samborondón para este viernes.
¿Señal de temor ante la… pic.twitter.com/NWfFKjvzne

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) February 19, 2026

Mientras tanto, analistas sugieren que la medida tiene un trasfondo político de cara a las próximas elecciones seccionales, buscando limitar la capacidad de acción de figuras importantes dentro del tablero electoral, con el objetivo de disminuir su presencia y darle preponderancia a aquellos que pertenecen a las filas del Gobierno.

En tanto, las organizaciones sociales han advertido que mantendrán las movilizaciones de forma permanente si el proyecto es aprobado este viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde además los legisladores conocerán el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, también calificado como económico urgente.

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