El abogado especialista en derechos humanos Jorge Sosa, refirió este miércoles que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece recluido en el centro de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, sufre de tratos inhumanos y es privado de dormir, tiene una alimentación bajo vigilancia y está en aislamiento.

El experto afirmó que el proceso es un acto de “desvío de poder”, argumentando que existe un complot entre autoridades estatales y la Administración de justicia para eliminar a un político que viene denunciando las acciones del actual presidente Daniel Noboa.

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El abogado relató hechos específicos que configuran actos de tortura y tratos crueles prohibidos por estándares internacionales. Álvarez es obligado a ingerir sus alimentos en un lapso de apenas 15 minutos, bajo la amenaza de recibir gas pimienta si no termina a tiempo.

Se denunciaron ingresos constantes de guardias a la celda de Álvarez durante la madrugada para impedirle descansar. Además de la destrucción sistemática de sus pertenencias, ha sido trasladado encapuchado dentro del centro penitenciario y perdido más de 50 libras de peso durante 52 días de reclusión.

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Imágenes obtenidas durante videollamadas legales muestran al alcalde con el cabello completamente rapado y sin barba, una medida que habría sido impuesta por disposición de la dirección del centro a pesar del rechazo del procesado.

Además del peso perdido, hay profunda preocupación por las condiciones sanitarias. Mientras que el personal del centro utiliza mascarillas por la confirmación de dos personas con tuberculosis dentro del recinto, Álvarez permanece sin protección respiratoria.

Sosa describió el centro de máxima seguridad donde se encuentra Álvarez como un “campo de concentración” o centro de aislamiento que no cumple con las Reglas Mandela de las Naciones Unidas.

La defensa técnica también denunció obstrucciones para ejercer su labor. Sosa señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha impedido el ingreso de los abogados para obtener la firma de Álvarez, necesaria para su defensa en el proceso administrativo de remoción del cargo por supuesto abandono.

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