Las inmediaciones del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, se convirtieron este jueves en el epicentro de profundas tensiones sociales y demandas ciudadanas que desafían al mandatario Daniel Noboa, en medio de un fuerte contingente militar que mantiene resguardado el edificio con vallas y controles estrictos. 

Junto a la edificación gubernamental, en el centro de Quito, se reunieron pacientes crónicos y familiares de personas desaparecidas, quienes protagonizan plantones simultáneos ante lo que califican como una «falta de respuestas y oídos sordos» por parte de la gestión de Noboa.

Los ecuatorianos expresan su descontento en dos manifestaciones pacíficas. En una, pacientes afectados por enfermedades raras, catastróficas y de insuficiencia renal demandan de forma urgente mayor presupuesto para el sistema sanitario y denuncian el desabastecimiento de insumos y la falta de atención médica adecuada. En la otra, familiares de desaparecidos repudian la inacción estatal. 

Los colectivos civiles alertan sobre los efectos colaterales de la militarización permanente del país. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, se han registrado alrededor de 51 casos de desaparición forzada en lo que va del mandato de Noboa.

​El contexto de la seguridad en Ecuador

​Estas manifestaciones coinciden con la difusión de los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al primer cuatrimestre del año (enero-abril), un balance en el que aún no se incluye la violencia registrada en mayo.

Según el informe gubernamental, Ecuador contabilizó 2.778 muertes violentas en los primeros cuatro meses, frente a las 3.150 del mismo periodo del año anterior. Aunque esto implica una reducción de alrededor del 11%, analistas y expertos en seguridad insisten en que la mejora es marginal y no mitiga la crisis estructural.

Escenario histórico complejo

​La urgencia de las demandas sociales se enmarca en un contexto de alta criminalidad. El año 2025 cerró como el más crítico en la historia de Ecuador, con cerca de 9.000 muertes violentas y una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

​Con la reducción del 11% que reporta el Ejecutivo, la tasa anual apenas descendería a 49 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, posicionando a 2026 como el segundo año más violento en la historia del país, superando incluso los niveles críticos de 2023. 

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La jornada en Quito demuestra que la crisis ecuatoriana no se expresa únicamente en las estadísticas oficiales, sino en el dolor y los reclamos de los ciudadanos que exigen ser escuchados a las puertas del poder.

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