El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) ratificó este miércoles la cancelación del partido Unidad Popular (UP), decisión que mantiene en marcha el proceso para excluir a esa organización del Registro de Organizaciones Políticas y que podría dejarla fuera de las elecciones locales previstas para noviembre de 2026.

La resolución fue adoptada por el pleno del organismo electoral tras rechazar un recurso de corrección presentado por el presidente nacional de UP, Geovanni Atarihuana. La medida contó con el respaldo de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto a los consejeros Mónica Noriega y José Merino, quienes aprobaron el informe que recomendaba negar el pedido de la organización política.

La decisión generó diferencias dentro del propio Consejo. La vocal María Cristina Kronfle manifestó su desacuerdo con la continuidad del proceso de cancelación y sostuvo que la resolución habría sido emitida fuera de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Unidad Popular y Kronfle sostienen que el plazo legal para adoptar este tipo de decisiones vencía el pasado 3 de abril de 2026, es decir, 120 días antes de la convocatoria oficial a elecciones. Bajo ese argumento, el CNE habría actuado con más de tres semanas de retraso, lo que, según la defensa del partido, invalidaría el procedimiento administrativo.

A pesar de la ratificación anunciada por el organismo electoral, el futuro jurídico de Unidad Popular aún no está completamente definido. La organización política puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), instancia encargada de emitir una resolución definitiva sobre el caso.

El proceso de eliminación del partido fue anunciado inicialmente el 26 de abril, cuando el CNE determinó que tanto Unidad Popular como el movimiento Construye debían ser retirados del sistema político nacional debido a la reducción de su militancia registrada oficialmente.

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Luego de conocerse la decisión, Geovanni Atarihuana calificó la medida como una “vergüenza nacional” y acusó al CNE de actuar en favor del presidente Daniel Noboa. Asimismo, sostuvo que la cancelación del registro habría sido aprobada sin fundamentos suficientes y en violación de la Constitución y la legislación electoral vigente.

La situación adquiere especial relevancia debido a la cercanía de las elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre de 2026. En caso de no obtener un fallo favorable ante el Tribunal Contencioso Electoral, Unidad Popular quedaría impedido de participar en los próximos comicios locales, dejando sin representación electoral a sus militantes y simpatizantes.

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