Ecuador: defensa del alcalde de Guayaquil responsabiliza al Estado de su vida
La defensa técnica alertó que imágenes recientes obtenidas desde el recinto carcelario evidencian una drástica pérdida de peso y un visible quebranto en el estado de salud general de Álvarez.
La esposa del mandatario local cuestionó el cierre absoluto de todos los canales de acceso institucional y la falta de respuesta a las solicitudes formales presentadas ante los administradores del recinto penitenciario. Foto: @ aquilesalvarezhenriques.
19 de mayo de 2026 Hora: 13:27
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El equipo jurídico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció formalmente la sistemática vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales que sufre el funcionario bajo custodia del Estado ecuatoriano.
Los abogados defensores señalaron que la privación de libertad en el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena, aplicada sin existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, mantiene al mandatario local en una situación de extrema vulnerabilidad que atenta contra los convenios internacionales.
Los juristas alertaron que imágenes recientes obtenidas desde el recinto carcelario evidencian una drástica pérdida de peso y un visible quebranto en el estado de salud general de Álvarez. Asimismo, manifestaron su profunda preocupación ante denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis dentro de la instalación penitenciaria; una posible crisis sanitaria ante la cual las instituciones de Ecuador mantienen un silencio absoluto, omitiendo su obligación legal de garantizar atención médica especializada y condiciones dignas de reclusión.
A las deficiencias de salud se suman las restricciones impuestas al equipo legal para mantener contacto efectivo con el detenido y formalizar la documentación necesaria para la causa, lo que viola directamente el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana referente al debido proceso.
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Los defensores enfatizaron que la prisión preventiva no puede instrumentalizarse como una condena anticipada ni como un mecanismo de deterioro físico, responsabilizando directamente a la Administración estatal por cualquier consecuencia irreversible sobre la vida del alcalde guayaquileño.
Por su parte, a través de su cuenta de instagram Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez también denunció el aislamiento sistemático y las condiciones de reclusión a las que es sometido el funcionario por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
Ycaza reveló que transcurrieron 52 días desde la última vez que las autoridades le permitieron visitar a su esposo, quien permanece en prisión preventiva bajo un régimen de incomunicación que restringe de manera drástica el contacto familiar y el acompañamiento afectivo.
La esposa del mandatario local cuestionó el cierre absoluto de todos los canales de acceso institucional y la falta de respuesta a las solicitudes formales presentadas ante los administradores del recinto penitenciario.
Asimismo, detalló que el centro carcelario solo autoriza una videollamada semanal de una hora, una medida que resulta insuficiente para sostener el bienestar emocional de la familia frente al grave deterioro de Álvarez, quien perdió ya más de 50 libras de peso durante su confinamiento bajo custodia estatal.
Ycaza manifestó el temor constante que vive el núcleo familiar ante el silencio institucional respecto a las condiciones sanitarias dentro del penal.
La denunciante afirmó que el proceso judicial se transformó en un mecanismo de castigo destinado a quebrar emocionalmente y deshumanizar al alcalde guayaquileño, responsabilizando directamente a la Administración de Noboa por cualquier afectación irreversible a la integridad física o la vida de su esposo.
Esta situación de extrema vulnerabilidad guarda relación con las acciones internacionales que el funcionario emprendió previamente ya que a principios de este año 2026 el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano para denunciar una sistemática persecución política en su contra.
En ese sentido, el equipo jurídico del mandatario local argumentó en el documento remitido al organismo internacional que existen graves obstrucciones en los procesos judiciales y administrativos, mecanismos que forzaron su permanencia en prisión preventiva bajo acusaciones que buscan socavar su gestión institucional.
Álvarez, quien permanece privado de libertad en el marco del denominado caso Goleada, está vinculado por la Fiscalía a una investigación por presunto lavado de dinero y tráfico de combustibles a través de las operaciones de las empresas Triple A y Copedesa.
La defensa técnica sostuvo ante la CIDH que estas acusaciones carecen de sustento real y forman parte de una estrategia para debilitar su imagen pública y el respaldo ciudadano en la región costera, vulnerando de manera directa los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La captura del alcalde guayaquileño, efectuada durante un operativo en horas de la madrugada del 10 de febrero provocó inmediatas movilizaciones populares y marchas de protesta en la ciudad de Guayaquil para exigir el respeto a las garantías legales y denunciar el carácter arbitrario de la detención.
Tras la admisión del trámite, la comisión internacional quedó en evaluar los alegatos presentados por los abogados para determinar si procede una investigación de fondo contra la administración ecuatoriana por la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.
Autor: teleSUR: lf - RR
Fuente: @aquileslibreya
