La Asamblea Nacional de la República del Ecuador somete a votación este martes el proyecto de ley orgánica que incrementa de diez a veintiséis años de prisión las sanciones contra el reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas del crimen organizado.  

La propuesta, impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional en conjunto con el Ministerio del Interior, quienes plantean modificar quince cuerpos legales, incluido el Código Orgánico Integral Penal, con “el propósito de frenar” la captación de menores en estructuras delictivas de alta peligrosidad. 

De esta forma, el debate central en la sede parlamentaria gira en torno a la “efectividad” de la estrategia punitiva frente a la escalada de violencia en el territorio ecuatoriano.   Mientras los defensores del proyecto sostienen que “el aumento severo de las penas” privativas de libertad servirán como un elemento disuasivo contra los cabecillas de las organizaciones criminales. 

En contraparte, los sectores apegados a la defensa de los derechos en la infancia advierten que esta iniciativa carece de asignaciones presupuestarias reales para la prevención social, la infraestructura educativa pública y el fortalecimiento financiero de las administraciones locales. 

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En este sentido, la crisis de seguridad que atraviesa la juventud en el país registra cifras críticas para el contexto latinoamericano. Donde Ecuador, durante el primer trimestre del año 2026, alcanzó la cifra histórica de 148 homicidios de adolescentes. 

A las que se suma los más de 450 mil niños y jóvenes marginados del sistema escolar, dejando con ello en evidencia la compleja realidad estructural que facilita su captación por redes delictivas en sectores periféricos vulnerables y entornos digitales, lo que consolidaría las estadísticas oficiales sobre la tasa de captación forzada de menores por parte de bandas criminales, en el percentil más alto en la historia reciente de la nación sudamericana.  

Por ello, la orientación legislativa al coincidir con una tendencia extendida en la región se alinean a otros gobiernos de tinte conservador y de extrema derecha, los cuales recurren al populismo penal como respuesta prioritaria ante la inseguridad ciudadana en lugar de la prevención y crear condiciones estructurales que impidan el flagelo. 

Así las experiencias similares en otros países latinoamericanos demuestran que “el simple endurecimiento del código penal” resulta insuficiente para desmantelar a las bandas del crimen organizado si no se acompaña de inversión social profunda.  

De esta forma, la sociedad ecuatoriana enfrenta un modelo normativo centrado en castigar la consecuencia del delito sin atacar las causas originarias como el desempleo, la exclusión y la falta de oportunidades para la niñez. 

Esta iniciativa parlamentaria pretende establecer lineamientos obligatorios para las municipalidades en la vigilancia de entornos escolares y la protección de denunciantes contra organizaciones delictivas. Sin embargo, la asignación de nuevas competencias sin transferencias de fondos genera profundas fricciones políticas entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, lo cual obstaculiza la aplicación efectiva de medidas preventivas en las comunidades con mayor índice de criminalidad. 

En consecuencia, el abordaje de la seguridad pública desde una perspectiva estrictamente punitiva condiciona el desarrollo de las nuevas generaciones en diversos países de América Latina.  Por consiguiente, la función legislativa concentra sus esfuerzos en la persecución penal, postergando la ejecución de políticas públicas integrales orientadas a garantizar la escolarización, el bienestar y la protección efectiva de la infancia frente a las bandas criminales.

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