​A 365 días del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, las imágenes de la brutalidad militar y policial continúan vivas en las comunidades indígenas de Imbabura. 

Familiares de las víctimas y colectivos sociales denuncian que, a un año de las jornadas de protesta de septiembre y octubre de 2025, los asesinatos de Efraín Fuerez, José Guamán y Édison Farinango permanecen en la más absoluta impunidad.

​Aquel operativo, ordenado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y ejecutado por cerca de 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es recordado por las organizaciones comunitarias como uno de los episodios de represión estatal más oscuros de la historia reciente del Ecuador.

​El balance presentado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos refleja la magnitud del despliegue: tres ejecuciones por impactos de proyectiles de arma de fuego, 473 heridos, 206 detenidos y un total de 391 violaciones a los derechos humanos. 

Entre las agresiones documentadas constan allanamientos violentos a viviendas comunitarias, censura a medios independientes y la suspensión deliberada de servicios básicos.

​Las vidas que apagó la represión

​Efraín Fuerez (46 años), un artesano, dirigente de la comunidad Quiriga y miembro activo de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac). Fue asesinado el 28 de septiembre en el puente de Ilumán. Un video captó el momento en que, estando herido en el suelo, efectivos militares descendieron de vehículos blindados y, lejos de brindarle auxilio, golpearon a su acompañante hasta dejarlo inconsciente.

​José Guamán Izama (30 años), transportista de la comunidad Cachiviro, en San Pablo del Lago, y padre de dos niños. Recibió un disparo en el pecho el 14 de octubre en Otavalo; pese a su traslado en helicóptero hacia Quito, falleció debido a la pérdida masiva de sangre.

​Édison Farinango, resultó gravemente herido el mismo 14 de octubre. Tras batallar más de dos meses en estado crítico, falleció el 28 de diciembre a causa de las lesiones provocadas por el uso desproporcionado de la fuerza.

​Un año sin responsables ni sanciones

​Pese a que el propio Jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Dávila, admitió en octubre de 2025 ante la Asamblea Nacional que la acción en la que murió Fuerez «no fue uso legítimo de la fuerza, sino violentar», las investigaciones judiciales no han mostrado avances.

​Hasta la fecha, la Unidad Especializada de Uso Legítimo de la Fuerza de la Fiscalía no ha formulado cargos ni ha señalado a ningún miembro del estamento militar o policial como procesado, ni tampoco se han aplicado sanciones disciplinarias internas en las Fuerzas Armadas.

​Líderes sociales y legisladores del movimiento indígena han alzado la voz para exigir que el Estado asuma su responsabilidad y deje de encubrir a los autores materiales e intelectuales de la represión.

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​“En lugar de haber investigado, hasta ahora no hay responsables de quienes asesinaron por la espalda a los compañeros de Imbabura”, recriminó la asambleísta y dirigente indígena Mariana Yumbay.

​Colectivos de derechos humanos y comuneros de la provincia reiteran que mantendrán las acciones de movilización y denuncia legal hasta que la memoria de Fuerez, Guamán y Farinango encuentre verdad, reparación integral y justicia.

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